La Defensoría del Pueblo y las Agencias Naciones Unidas en Colombia firmaron un acuerdo para el fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) para mejorar la reacción ante eventos que pongan en riesgo la implementación de los acuerdos de paz.

El defensor, Carlos Negret, afirmó que en este momento hay una alerta de posibles confeontaciones en la cuenca del río Truando en las comunidades de Jagual y Marcia en el Chocó, en donde hay presencia del ELN.

“Los gobernadores de ese par de comunidades nos han permitido hacerle llegar al gobierno nacional una SAT donde advertimos de posibles confrontaciones en esa zona”, aseguró el defensor.

El proyecto funcionará principalmente en 11 territorios como Cauca, Norte de Santander, Magdalena Medio, Chocó, La Guajira, Guainía, Catatumbo y Tumaco, con el fin de evitar masacres como las de el Tarra o Argelia.

Cuenta con el apoyo de el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Agencia de la ONU para los Refugiados y ONU Mujeres. La Defensoría del Pueblo y la ONU firmaron hoy un acuerdo para el fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) con el que buscan evitar posibles vulneraciones de los derechos para la población en Colombia.

“Con este proyecto se busca fortalecer el monitoreo de las nuevas expresiones de violencia y ayudar a prevenir la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos”, afirmó el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, en el acto de la firma.

Entre los hechos que se desean evitar figuran, según las dos entidades, “homicidios selectivos, desplazamientos, desapariciones forzadas, reclutamiento de menores de edad, violencia sexual, constreñimientos a la población, amenazas e intimidaciones a sectores sociales que promueven la reivindicación de derechos y la implementación del acuerdo final de paz”.

Por su parte, el coordinador residente de la ONU en Colombia, Martín Santiago Herrero, afirmó que con la iniciativa se quiere “ayudar a fortalecer las medidas de prevención de vulneraciones a los derechos humanos en el país”.

Además, dijo, proteger a quienes “defienden, por medios legítimos, la democracia y el pleno goce de los derechos de las comunidades”.

De acuerdo con los organizadores, el proyecto es una oportunidad para que el Estado colombiano cuente con información específica y orientaciones de control, mitigación y disuasión de los riesgos y amenazas contra la participación y la representación política, social y comunitaria.