Ahora, en la próxima diligencia se espera que la Fiscalía y la defensa puedan develar los elementos de prueba con los que esperan enfrentarse en juicio.
Ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, formularon acusación en contra del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, investigado por unas presuntas irregularidades en un contrato del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en el departamento.
El mandatario apartado de su cargo será llevado a juicio por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado, endilgados por la Fiscalía Once.
El proceso responde a una investigación en la que el ente acusador aparentemente encontró 9 inconsistencias en un contrato que la Gobernación del Cesar celebró en el año 2015 con el consorcio Alimentación Escolar A Salvo, cuyo valor superó los $17.140 millones. Este presuntamente tenía falta de estudios previos, prepliegos amañados y deficientes, y supuestas omisiones de los requisitos de ley, originando un detrimento patrimonial que asciende a los $3.172.808.072.
Otras inconsistencias se relacionaron a los sobrecostos de los alimentos, dado que cada kilogramo de hígado fue pagado a $65.460 pesos. Además, el mandatario también se habría encargado de beneficiar a un grupo específico de personas. Por ejemplo, el citado consorcio estaba conformado por la Fundación Kabala y la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, representada legalmente por María Angélica Araujo Noguera, pero cuya propietaria aparentemente era Katia Rosado Robles.
En ese mismo año 2015, la gobernación también adjudicó un contrato similar de mayor valor con el Consorcio Alimentando un Cesar más Educado, representado legalmente por Ivis Rosado Robles, hermana de Katia.
A esto se le suma las quejas de padres de familia y estudiantes que denunciaron que les servían raciones muy pequeñas, y que eran preparadas en las cocinas de las manipuladoras.
Así las cosas, en la próxima diligencia preparatoria se espera que la Fiscalía y la defensa, a cargo del abogado Iván Cansino, comiencen a develar los elementos de prueba con los que se enfrentarán en juicio.
Por este caso el gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco se encuentra cobijado con una medida de aseguramiento con detención domiciliaria y apartado del cargo.
Ahora, en la próxima diligencia se espera que la Fiscalía y la defensa puedan develar los elementos de prueba con los que esperan enfrentarse en juicio.
Ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, formularon acusación en contra del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, investigado por unas presuntas irregularidades en un contrato del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en el departamento.
El mandatario apartado de su cargo será llevado a juicio por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado, endilgados por la Fiscalía Once.
El proceso responde a una investigación en la que el ente acusador aparentemente encontró 9 inconsistencias en un contrato que la Gobernación del Cesar celebró en el año 2015 con el consorcio Alimentación Escolar A Salvo, cuyo valor superó los $17.140 millones. Este presuntamente tenía falta de estudios previos, prepliegos amañados y deficientes, y supuestas omisiones de los requisitos de ley, originando un detrimento patrimonial que asciende a los $3.172.808.072.
Otras inconsistencias se relacionaron a los sobrecostos de los alimentos, dado que cada kilogramo de hígado fue pagado a $65.460 pesos. Además, el mandatario también se habría encargado de beneficiar a un grupo específico de personas. Por ejemplo, el citado consorcio estaba conformado por la Fundación Kabala y la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, representada legalmente por María Angélica Araujo Noguera, pero cuya propietaria aparentemente era Katia Rosado Robles.
En ese mismo año 2015, la gobernación también adjudicó un contrato similar de mayor valor con el Consorcio Alimentando un Cesar más Educado, representado legalmente por Ivis Rosado Robles, hermana de Katia.
A esto se le suma las quejas de padres de familia y estudiantes que denunciaron que les servían raciones muy pequeñas, y que eran preparadas en las cocinas de las manipuladoras.
Así las cosas, en la próxima diligencia preparatoria se espera que la Fiscalía y la defensa, a cargo del abogado Iván Cansino, comiencen a develar los elementos de prueba con los que se enfrentarán en juicio.
Por este caso el gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco se encuentra cobijado con una medida de aseguramiento con detención domiciliaria y apartado del cargo.