Entre cinco y once años de prisión oscilan las penas de los delitos que la Fiscalía imputó a los cuatro implicados en la comercialización de medicamentos (surfactante pulmonar), al parecer falsificado, que fue suministrado para tratar pacientes en la clínica Laura Daniela y el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar. Según las estadísticas entregadas por la Fiscalía, en el primer centro asistencial habrían fallecido 16 niños prematuros y 8 más en el segundo, a quienes, según las investigaciones les aplicaron el medicamento Survanta adulterado, para terminar de madurar sus pulmones, pero que su composición química nunca les produjo mejoría, sino la muerte. “Los neonatos nacieron con inmadurez pulmonar”, dijo la fiscal 18 seccional.

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Ayer, el ente acusador solicitó la medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario a los cuatro implicados en este proceso, al sindicarlos de los delitos de usurpación de derechos de propiedad industrial e imitación o simulación de alimento. Durante la continuidad de la audiencia preliminar de medida de aseguramiento el mismo ente acusador consideró en la misma solicitud que duró 52 minutos, que los implicados representaban un peligro para la sociedad.

La fiscal además indicó que estando en libertad, consideró que podrían inferir o entorpecer el proceso investigativo y por ende no podrían presentarse a los llamados que les hagan las autoridades judiciales, para el avance de las investigaciones. Sin embargo, los endilgados, no se allanaron a los cargos imputados, argumentado que no tienen ninguna responsabilidad penal, y deberán afrontar más adelante un juicio oral, para controvertir los elementos materiales probatorios que tiene en poder la Fiscalía y descubiertos en estrado durante la vista pública.

“Tenemos claro, que sí son responsables”: Fiscalía

De acuerdo con los elementos materiales probatorios que están en poder de la Fiscalía, los implicados en el hecho: Aroldo Daza Durán, 35 años; France Lozano Sepúlveda, de 41 años de edad y Saíd José Moreno Pérez, de 32 años, y Lester José Turbay Montenegro, de 42 años tendrían responsabilidad penal, unos como autor y otros como coautores materiales.

Además, sostuvo la Fiscalía que ese medicamento adquirido en el mercado negro, estaba fraudulento, por cuanto tienen las pruebas de las historias clínicas de los neonatos fallecidos, tal como quedó certificado por los peritos y por el mismo Invima. “El medicamento aplicado a los niños con esperanza de vida, pertenecen a dos lotes falsificados que fueron distribuidos por las empresas Farma Pos y VC Medical, que como representantes legales se encuentran France Lozano Sepúlveda y Osmani Córdoba, respectivamente”. Este último se encuentra ya en poder de las autoridades, desconociéndose si se entregó voluntariamente, o por el contrario fue capturado por la Fiscalía del CTI.

La fiscal recordó, que con uno de estos lotes de medicamento falleció el hijo de Rita Peñalosa, a quién le aplicaron el medicamento adulterado y fue comprobado clínicamente que al niño le suspendieron el Survanta por unas horas y el bebé tuvo una mejoría, que le aplicaron otro medicamento, pero que el daño en el organismo del neonato, ya estaba hecho, y por consiguiente murió.

Sindicación a los procesados

Según la fiscal, Aroldo Daza Durán y Lester José Turbay Montenegro, tenían farmacia en sus viviendas, eran quienes adquirían en el mercado negro y se los distribuían a la Clínica Laura Daniela y al Hospital Rosario Pumarejo de López.

France Lozano Sepúlveda, ingeniera de sistemas y quien dijo a las autoridades judiciales que era ama de casa, era la propietaria y gerente de Farma Pos, en donde también compraban y distribuían el medicamento falsificado y el pasado 4 de abril, fecha en que se hizo efectiva la captura, estaba en su propi lugar de trabajo. Sobre esta versión, la Fiscalía tiene en su poder las facturas y órdenes de compra con los números de los lotes que vendían y que se comprobó con peritos y por el mismo Invima, que eran fraudulentos.

Said José Moreno Pérez se desempeñaba como regente de la distribuidora Farma Pos, era la persona encargada de hacer la recepción del medicamento y al parecer no lo hizo. Aroldo Daza Durán, además era el jefe de compras de la Clínica Laura Daniela, era quien escogía a los proveedores de los medicamentos con el aval de la Clínica Laura Daniela para la adquisición del medicamento.

La Fiscalía aseguró también con documentos en mano, que existió un contrato de trabajo a nombre de Aroldo como auxiliar de compra y otro contrato firmado el primero de mayo del año 2016 en el que lo ascendieron como jefe de compras de la Clínica Laura Daniela. Según estimó el ente acusador, desde esa fecha con el nuevo cargo las compras a la distribuidora VC Medical, aumentaron. Esto está fundamentado con facturas en las que adquirían los medicamentos a personas no autorizadas por laboratorios y el único autorizado en Colombia es Abbvie, fabricante del medicamento Survanta, cuyos representantes legales en el país, salieron en defensa de su producto a través de una abogada, Lina Domínguez, que hizo presencia en el estrado judicial durante la audiencia, tras explicar que ese laboratorio, no tiene ninguna relación con quienes distribuyeron el producto falsificado en la capital del Cesar.

Los abogados defensores presentaron sus alegatos para pedir la libertad de los capturados y el juez del caso dará a conocer su decisión hoy a las 11:00 a.m.

Por Abdel Martínez Pérez/ EL PILÓN