El primero en declarar, en la mañana de ayer, fue el concejal Leonardo Maya, a quien los investigadores del CTI interrogaron sobre los pormenores de la aprobación del proyecto de acuerdo sobre el préstamo destinado a la construcción de acueductos en varios corregimientos, al parecer sin los respectivos estudios previos que garantizaran la viabilidad del mismo.
Por irregularidades en acuerdo sobre empréstito de $36 mil millones
Uno a uno los concejales de Valledupar deberán comparecer ante la Fiscalía General de la Nación, que investiga las presuntas irregularidades detectadas en el trámite y aprobación que la Corporación hizo al proyecto de acuerdo 004 del 16 de abril de 2010, por medio del cual se autorizó al Alcalde Luis Fabián Fernández, para contratar un empréstito por cerca de 36 mil millones de pesos, para financiar obras de acueducto y alcantarillado en el municipio.
Como parte de la investigación preliminar, la semana pasada el CTI de la Fiscalía se tomó el Concejo de Valledupar para acceder a la documentación y registros de audio relacionados con el citado acuerdo.
Los únicos concejales que están exentos de las indagaciones que realiza el ente acusador son: Rafael Arrieta, quien no estaba el día del debate de aprobación del proyecto, y Ana María Quintero Jaimes, quien recientemente ocupó la curul del actual candidato a la alcaldía de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía.
El primero en declarar, en la mañana de ayer, fue el concejal Leonardo Maya, a quien los investigadores del CTI interrogaron sobre los pormenores de la aprobación del proyecto de acuerdo sobre el préstamo destinado a la construcción de acueductos en varios corregimientos, al parecer sin los respectivos estudios previos que garantizaran la viabilidad del mismo.
Leonardo Maya y Augusto Ramírez Uhía fueron los únicos concejales que se abstuvieron de aprobar dicho acuerdo y advirtieron sobre la inviabilidad del mismo.
El pasado mes de agosto, en cumplimiento de una acción popular, el Consejo de Estado congeló los 36 mil millones de pesos recursos del empréstito hasta tanto se resuelva la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación.
El primero en declarar, en la mañana de ayer, fue el concejal Leonardo Maya, a quien los investigadores del CTI interrogaron sobre los pormenores de la aprobación del proyecto de acuerdo sobre el préstamo destinado a la construcción de acueductos en varios corregimientos, al parecer sin los respectivos estudios previos que garantizaran la viabilidad del mismo.
Por irregularidades en acuerdo sobre empréstito de $36 mil millones
Uno a uno los concejales de Valledupar deberán comparecer ante la Fiscalía General de la Nación, que investiga las presuntas irregularidades detectadas en el trámite y aprobación que la Corporación hizo al proyecto de acuerdo 004 del 16 de abril de 2010, por medio del cual se autorizó al Alcalde Luis Fabián Fernández, para contratar un empréstito por cerca de 36 mil millones de pesos, para financiar obras de acueducto y alcantarillado en el municipio.
Como parte de la investigación preliminar, la semana pasada el CTI de la Fiscalía se tomó el Concejo de Valledupar para acceder a la documentación y registros de audio relacionados con el citado acuerdo.
Los únicos concejales que están exentos de las indagaciones que realiza el ente acusador son: Rafael Arrieta, quien no estaba el día del debate de aprobación del proyecto, y Ana María Quintero Jaimes, quien recientemente ocupó la curul del actual candidato a la alcaldía de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía.
El primero en declarar, en la mañana de ayer, fue el concejal Leonardo Maya, a quien los investigadores del CTI interrogaron sobre los pormenores de la aprobación del proyecto de acuerdo sobre el préstamo destinado a la construcción de acueductos en varios corregimientos, al parecer sin los respectivos estudios previos que garantizaran la viabilidad del mismo.
Leonardo Maya y Augusto Ramírez Uhía fueron los únicos concejales que se abstuvieron de aprobar dicho acuerdo y advirtieron sobre la inviabilidad del mismo.
El pasado mes de agosto, en cumplimiento de una acción popular, el Consejo de Estado congeló los 36 mil millones de pesos recursos del empréstito hasta tanto se resuelva la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación.