Ayer, el fiscal décimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó cargos al exgobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Gneco (2012- 2015) por los delitos de corrupción al sufragante en calidad de autor e invasión de tierras en calidad de coautor.

El diario EL TIEMPO informó que según la Fiscalía, el exmandatario realizó actividades proselitistas en el sector de invasión conocido como Tierra Prometida, en el sur de Valledupar. Sin embargo, Monsalvo Gnecco no aceptó cargos.

En el predio, que registra a nombre del arquitecto Óscar Guerra Bonilla, habitan más de 800 familias de las cuales, según la Fiscalía, por lo menos dos integrantes de cada familia eran mayores de edad y tenían capacidad para votar en las elecciones de 2011.
“A cambio de votos prometió a los invasores, específicamente que los dejaría quieta y pasivamente en el predio que tenían invadido sabiendo que se trataba de una invasión ilegal”, mencionó el representante de la Fiscalía, según la publicación del diario capitalino.

De igual forma se conoció que esta promesa la hizo Monsalvo Gnecco mediante un documento realizado el 16 de octubre de 2011 y autenticado por la Notaria Segunda de Valledupar, en la que consta su compromiso de no permitir que los habitantes del terreno fueran desalojados legalmente a cambio de que votaran por él.

La Fiscalía menciona que “se comprometió a mantenerlos quietos y pasivamente en el inmueble en la que estaba en curso la invasión ilegal, acatar de manera prioritaria las sentencias de los diferentes juzgados de Valledupar que ampararan los derechos fundamentales a la vivienda digna de los ocupantes de la invasión y por último, incluir a los invasores en los proyectos de construcción de viviendas dignas requeridas en ese sector”.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por los peritos del ente acusador, los compromisos adquiridos por el candidato a cambio de votos en su favor permitirían la permanencia de la invasión con provecho directo de los firmantes del pacto.

La Fiscalía informó que el 23 de junio de 2012 se realizó una diligencia de desalojo en el predio del señor Oscar Guerra Bonilla, lo que llevó a que sus habitantes adelantaran una marcha hasta la Gobernación del Cesar donde exhibieron copias del documento firmado por Monsalvo, exigiendo el cumplimiento del compromiso adquirido en su campaña y el desalojo no se realizó.
“Este comportamiento es antijurídico porque con ello se lesionaron, sin justa causa, lo bienes del patrimonio económico de Óscar Guerra Bonilla y el bien jurídico de los mecanismos de participación ciudadana sin que existiera causal de justificación para ese comportamiento”, añadió el ente investigador.

EL TIEMPO también público otros detalles de la investigación, en los que muestra que además del compromiso adquirido por Monsalvo de no permitir ningún desalojo a los habitantes del predio invadido, se suma otro documento firmado y autenticado por Augusto Ramírez Uhía, en ese entonces candidato a la Alcaldía de Valledupar, elecciones que perdió al ser superado por Fredys Socarrás Reales.

Dicho documento indica que Ramírez Uhía se comprometía con la comunidad de los barrios subnormales Altos de Pimienta, Bello Horizonte II y Guasimales a incluirlos en su programa de gobierno en la construcción de 2.500 viviendas dignas requeridas para estos sectores marginales a cambio de que sus integrantes votaron por él en los comicios electorales.

“Quería solucionar el problema de vivienda”: Monsalvo

En diálogo con EL PILÓN, el exgobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Gnecco negó que él haya propiciado invasiones en Valledupar y dio detalles de la diligencia de imputación cargos realizada ayer en la capital del país.

“Ese fue un proceso que se inició hace unos cinco años y hasta el día de hoy (ayer) la Fiscalía me llama a una audiencia de imputación de cargos, para que rindiera un informe sobre el particular. Uno de los puntos de la denuncia, es que me acusan de que yo propicié la invasión de predios privados, cosa que es totalmente falsa, porque yo apenas llegué a la Gobernación fui el primero que me opuse a todo proceso de invasión de predios privados en la ciudad, porque yo no puedo estar a favor de los invasores”, manifestó luego de la audiencia.

El exgobernador aseguró que el documento que firmó junto a Augusto Ramírez Uhía fue un compromiso para solucionar el problema de vivienda de los invasores, no para promover la ilegalidad.
“Yo en ese entonces momento me comprometí con los habitantes de Tierra Prometida a ayudarlos a resolver el problema de la invasión, lógicamente como tenía que hacerlo. Entonces, ellos me citaron a una reunión en donde querían que yo formalmente me comprometiera a través de un documento, les dejara una constancia que también firmó el actual alcalde, Augusto Ramírez Uhía; es un compromiso que se hace en cualquier campaña política. Es lo mismo como cuando uno hace un programa de gobierno. Por ejemplo: si uno va a Aguachica y se compromete a construir un acueducto, es porque la gente lo necesita. A mí me denunciaron y me dicen que yo los convencí que votaran por mí con el compromiso de ayudarlos, y me dicen que violé el derecho al sufragio, porque los convencí a votar de forma ilegítima, cosa que es falsa, porque esa invasión se formó mucho antes que fuera gobernador”, precisó Monsalvo.

“En ningún momento engañé al sufragante”: Tuto Uhía

Augusto Ramírez Uhía es mencionado en el proceso adelantado a Luis Alberto Monsalvo, pero no se ha conocido de diligencias en su contra como la realizada ayer con el exgobernador.

Ramírez, conocido como ‘Tuto’ Uhía, se desempeñó como secretario de gobierno en el mandato de Monsalvo y en las elecciones de 2015 ganó la Alcaldía de Valledupar. Él también se refirió al polémico caso de Tierra Prometida asegurando que sí firmó un documento, pero no para engañar a los sufragantes ni para promover invasiones de predios privados.

“Lo primero que quiero aclarar, es que el suscrito tuvo un compromiso con una comunidad en el sentido de que si yo llegaba a la Alcaldía de Valledupar, me comprometía a ofrecerles un programa de vivienda. Yo no tengo ningún proceso, tengo toda la tranquilidad, no me han llamado, ni me han notificado y nadie me ha acusado a mí de nada. Yo nunca he negado que haya firmado un documento. Yo sí lo firmé, como lo hacemos todos los políticos, es un documento público en donde una campaña a una comunidad en especial se le ofrece una solución a una problemática, y como yo no llegué a la Alcaldía en esa oportunidad, no estaba obligado a cumplir esa promesa de campaña”, recalcó el alcalde.

¿Sabía usted que…
Los cargos por los delitos de corrupción al sufragante implicarían una pena de prisión entre 48 y 98 meses y multa de 133 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El de invasión de tierras en calidad de coautor tiene una pena de prisión de 32 a 90 meses?

Redacción EL PILÓN