La Fiscalía General de la Nación formulará cargos al exalcalde de Gamarra, Gabriel Giraldo Escudero.
La Fiscalía General de la Nación formulará cargos al exalcalde de Gamarra, Gabriel Giraldo Escudero, y a su hermano, Jaime Helí Giraldo, por su intervención en la compañía Midas S.A.S. para el pago de sobornos en el caso Odebrecht.
Los socios propietarios de Midas S.A.S., Lina María Bermúdez Aljuri y Diego José Mantilla Velásquez, serán imputados por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares ya que habrían permitido usar su empresa para entregar dinero a terceros por disposición de los directivos de Odebrecht.
Según la entidad, directivos de Odebrecht habrían creado una empresa criminal para entregar más de $80 mil millones en sobornos en Colombia. Por eso citaron a imputación 22 personas más por ser presuntamente intervinientes en los hechos de corrupción. Entre los llamados hay directivos de la empresa, lobistas, contratistas y particulares y el exalcalde.
En un informe, la Fiscalía aseguró que la multinacional Odebrecht (empresa dominante del Consorcio que ejecutaba la Ruta del Sol II) se apropió de recursos públicos para el pago de sobornos por más de 80 mil millones de pesos.
Odebrecht suscribió el contrato de concesión Proyecto Ruta del Sol, sector II, el 14 de enero de 2010 por valor de 2 billones de pesos, cuyo objeto era la construcción y concesión de 528 kilómetros que comunicarían el centro y norte del país. En el Cesar cruzaba los municipios de San Alberto, San Martín, Aguachica, Pelaya, Pailitas y San Roque, corregimiento de Curumaní. El pago de sobornos por esta adjudicación alcanzó los 11.493 millones de pesos, según la entidad.
Para desarrollar el proyecto, en diciembre de 2012 logró a través de dos congresistas firmar un acuerdo de estabilidad jurídica con el Ministerio de Transporte que le brindó a Odebrecht beneficios tributarios por más de 145 mil millones de pesos en tres años. Varios congresistas para la época de los hechos recibieron al menos 3.536 millones de pesos por el lobby que realizaron para obtener este beneficio en favor del concesionario.
La Fiscalía General de la Nación formulará cargos al exalcalde de Gamarra, Gabriel Giraldo Escudero.
La Fiscalía General de la Nación formulará cargos al exalcalde de Gamarra, Gabriel Giraldo Escudero, y a su hermano, Jaime Helí Giraldo, por su intervención en la compañía Midas S.A.S. para el pago de sobornos en el caso Odebrecht.
Los socios propietarios de Midas S.A.S., Lina María Bermúdez Aljuri y Diego José Mantilla Velásquez, serán imputados por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares ya que habrían permitido usar su empresa para entregar dinero a terceros por disposición de los directivos de Odebrecht.
Según la entidad, directivos de Odebrecht habrían creado una empresa criminal para entregar más de $80 mil millones en sobornos en Colombia. Por eso citaron a imputación 22 personas más por ser presuntamente intervinientes en los hechos de corrupción. Entre los llamados hay directivos de la empresa, lobistas, contratistas y particulares y el exalcalde.
En un informe, la Fiscalía aseguró que la multinacional Odebrecht (empresa dominante del Consorcio que ejecutaba la Ruta del Sol II) se apropió de recursos públicos para el pago de sobornos por más de 80 mil millones de pesos.
Odebrecht suscribió el contrato de concesión Proyecto Ruta del Sol, sector II, el 14 de enero de 2010 por valor de 2 billones de pesos, cuyo objeto era la construcción y concesión de 528 kilómetros que comunicarían el centro y norte del país. En el Cesar cruzaba los municipios de San Alberto, San Martín, Aguachica, Pelaya, Pailitas y San Roque, corregimiento de Curumaní. El pago de sobornos por esta adjudicación alcanzó los 11.493 millones de pesos, según la entidad.
Para desarrollar el proyecto, en diciembre de 2012 logró a través de dos congresistas firmar un acuerdo de estabilidad jurídica con el Ministerio de Transporte que le brindó a Odebrecht beneficios tributarios por más de 145 mil millones de pesos en tres años. Varios congresistas para la época de los hechos recibieron al menos 3.536 millones de pesos por el lobby que realizaron para obtener este beneficio en favor del concesionario.