Varios elementos de prueba sirvieron de soporte a la Fiscalía 5 seccional para formularle acusación al exalcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Unía, conocido como ‘Tuto’, como el responsable de presuntamente originar un millonario detrimento patrimonial al municipio con un contrato de dación en pago que celebró con la firma Lascano Morales & Hijos durante su periodo administrativo. 

En la audiencia, desarrollada la mañana del lunes, precisaron que el documento fue suscrito el 8 de noviembre de 2016, con el fin de que la Alcaldía recibiera los predios en los que están los barrios Francisco Javier y Villa Consuelo, a cambio de liquidar la deuda por impuesto predial que tenía la firma por valor de $993.061.678, correspondientes a 45 terrenos de su propiedad.  

“Para efectos del negocio, previo avalúo comercial realizado por el arquitecto Daniel Alberto Brito Fernández, miembro de la Lonja Propiedad Raíz del Cesar, contratado por el ente privado, se estableció el precio de los dos lotes en la suma de $19.935.213.000, pero como quiera que el valor adeudado por Lascano Morales & Hijos al municipio era sustancialmente menor que el avalúo comercial de los predios recibidos por el ente territorial, se dispuso y reconoció mediante resolución Nº. 000368 del 17 de mayo de 2016, un saldo a favor de la firma por valor de $19.022.337.080, suscrito por la señora Johana Nataly Daza Mestre, jefe de recaudo municipal”, relató el fiscal Johan Ustáriz. 

Agregó que posteriormente realizaron ajustes en el valor del impuesto e intereses moratorios que adeudaba la firma, quedando finalmente pactado que la Alcaldía debía reconocerle el saldo a favor de $18.942.151.412, lo que consistió en un detrimento patrimonial.

“Pero lo más grave, fueron las operaciones contables y presupuestales que realizó la jefe de recaudo municipal Johana Nataly Daza Mestre y los miembros del comité de dación en pago, quienes en ejercicio de sus funciones emitieron conceptos y actos administrativos manifiestamente contrarios a la Constitución, la ley y acuerdos municipales, con el propósito de conjurar el entuerto presupuestal que el mismo municipio había provocado con el mal denominado contrato de dación en pago y por contera favorecer a la Sociedad Lascano Morales & Hijos para que de esa forma, lograra deshacerse de los predios que estaban endeudados tributariamente”, aseveró Ustáriz. 

El fiscal concluyó que la negociación no solo fue ilegal, sino que se gestó en perjuicio de las arcas económicas del ente territorial, el cual en el momento no estaba en capacidad de saldar la deuda que terminó asumiendo.   

“En los predios entregados al municipio existía una ocupación por parte de personas indeterminadas, que fue promovida por la firma Lascano Morales & Hijos, atendiendo que familias que allí se asentaron recibieron sumas de dinero y firmaron contratos de compraventa a través de los apoderados de la sociedad”, aseveró el fiscal.

En consecuencia, le formuló cargos al exalcalde Augusto Daniel Ramírez Unía por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación. 

Junto a él también fueron acusados la extesorera Johana Nataly Daza Mestre por los delitos de peculado por apropiación agravado y prevaricato por acción, y la representante de la firma Lascano, Ana Maura Lascano Carrero, por fraude procesal y peculado por apropiación agravado. 

“Estoy tranquilo”: exalcalde

Al respecto, el exalcalde Augusto Ramírez manifestó que está tranquilo y confiado en que saldrá airoso de los cargos endilgados puesto que actuó de buena fe y en el marco del derecho. 

“Junto con la defensa estamos listos para aclarar cualquiera duda y situación, confiando en Dios en que se hará justicia porque hemos obrado de buena fe. Las familias asentadas en los que anteriormente eran las invasiones Francisco Javier y Villa Consuelo hoy tienen las escrituras públicas”, aseguró el exmandatario. 

Explicó que los terrenos involucrados fueron adquiridos en un valor muy inferior al comercial. “Estamos tranquilos, nosotros creemos en la autonomía tributaria de los entes territoriales de los municipios y actuamos siempre respaldados por el estatuto tributario del Plan de Ordenamiento Territorial que conminaba a formalizar 10 invasiones de Valledupar”, manifestó el político.