El exalcalde de Valledupar Fredys Miguel Socarrás Reales, acusado de un millonario detrimento patrimonial por la compra y venta de unos lotes del Parque Industrial, propiedad del municipio, está a un paso de entrar al debate de juicio oral para intentar demostrar su inocencia.

Pero no la tendrá nada fácil. La mañana del lunes, en la audiencia preparatoria, la Fiscalía 5 seccional dio a conocer que tendría 63 elementos materiales probatorios para responsabilizarlo del delito de peculado por apropiación agravado.

Esos mismos, presentados ante el Juzgado Primero Penal del Circuito con función de Conocimiento, servirían para ir en contra de los ciudadanos Rosidis Elena Robles Martínez, compradora de los lotes del municipio, y Eduardo José Ustáriz Aramendiz, perito evaluador, quienes están siendo procesados en la misma investigación por peculado por apropiación agravado en calidad de interviniente.

En contraposición, la bancada de la defensa, representada por los abogados José Ignacio Oñoro Ramos, defensor del exmandatario; Benjamín Jaimes Quintero, apoderado del perito, y Hugo Mendoza Guerra, defensor de la compradora, también exhibieron individualmente un robusto acervo probatorio que rodea unos 20 elementos para demostrar que no hubo detrimento patrimonial.

Entre esas se encuentran la prueba pericial del evalúo de lotes, las declaraciones de la exsecretaria General y exjefe de Oficina Jurídica en la época de Socarrás, el testimonio de los procesados, entre otros.

Por la extensión de los mismos, la juez no se pronunció sobre la pertinencia y admisibilidad de las pruebas que entrarán al juicio oral, dejando la decisión para la próxima audiencia del 17 de noviembre

LA INVESTIGACIÓN

Con lo hasta ahora actuado se avizora que la discusión judicial sobre los hechos investigados será extensa. A colación se traerá un contrato del 2015 mediante el cual el entonces alcalde, Fredys Socarrás, vendió siete lotes del municipio que hacían parte del Parque Industrial a un precio ‘inferior’ a su valor real.

De acuerdo a la Fiscalía, los predios estaban valorados en $2.729 millones y Socarrás los cedió por $1.187 millones, cuya diferencia constituyó un detrimento en desfavor de las arcas públicas por $1.542 millones.

Además, el negocio lo habría hecho mediante un proceso de selección abreviada para la venta de los inmuebles por subastas públicas, pero casualmente la única proponente resultó ser la ciudadana Rosidis Robles Martínez.

En su propuesta, según el ente investigador, fijó pagar $1.187 millones por cinco lotes, otro por valor de $166 millones y el último por $415 millones, proposición que fue aceptada y vendida.

La Alcaldía Municipal de Socarrás para considerar que ese precio era justo mandó a realizar una estimación de los predios urbanos el 6 de mayo de 2015, cuyo perito fue Eduardo José Ustáriz Aramendiz, quien aparentemente lo hizo con irregularidades. Concluyendo así la Fiscalía que era evidente que los ahora procesados actuaron en prejuicio de los intereses del ente territorial.

Por Marllelys Salinas Mercado / EL PILÓN [email protected]