En el marco del XIV Congreso de Infraestructura que se realizó en Cartagena, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, habló sobre la crisis del derecho penal en el país, del aumento de funcionarios en la Fiscalía para combatir la corrupción y de las limitaciones de la justicia colombiana.

“Yo no soy amigo de aumentar las penas, pero creo que nos va a tocar entrar a revisar ese capítulo, sobre todo en esa lucha contra la corrupción, además de las penas accesorias, las inhabilidades, porque hay que sacar al corrupto del circuito económico y extinguirle el dominio de sus activos”, expresó el jefe del ente acusador.

Indicó que es necesario desalentar a los que quieren corromperse o corromper, para que no sigan delinquiendo, ya que si las penas son suficientes, dignas y proporcionales hay un temor.

También aseguró que “con tocar a ‘los peces gordos’, lo más alto del poder judicial en Colombia, se le mostró a la sociedad que se está cumpliendo, y esto ha hecho que la confianza de los colombianos en la justicia aumente y denuncien”.

Precisamente, “la denuncia ciudadana ha crecido […] hoy los delitos contra la administración pública son los que más crecen en Colombia en segundo lugar, superaron el hurto que viene creciendo en una tasa del 16% y los delitos contra la administración pública están creciendo al 17%, es decir los colombianos dijeron denunciar paga porque ven que las autoridades de control están funcionando” puntualizó.

Señaló además que para garantizar la manera de combatir la corrupción se aumentaron el número de funcionarios en la entidad, la cual pasó de tener 52 fiscales a tener el triple; de dos investigadores a 300 y 100 contadores públicos, auditores forenses que se escogieron por sus mejores records académicos de las universidades, “los resultados empiezan a verse, se está haciendo algo inédito en la lucha contra la corrupción”.

En cuanto a las limitaciones en la justicia dijo que la Fiscalía acusa, pero la condena le corresponde al juez, y en Colombia la justicia tiene muchas restricciones, “el 10% de las audiencias de imputación, se están señalando en las agendas de los jueces a más de un año. Necesitamos una justicia mucho más fuerte en Colombia y para eso también hay que trabajar”.

Entre otros temas, el fiscal Martínez se refirió a las redes sociales e indicó que es prioritario “evitar que a través de las redes sociales se interfiera la acción de la justicia porque se manipulan esas redes con información falsa o con información proclive a la defensa, además con unos sistemas de redes sociales y eso es una modalidad de corrupción. Aquí hay agentes públicos que tienen redes sociales a su servicio y empresas privadas que ofrecen servicios para vender informes, noticias en las redes masivamente; eso no se puede hacer con dineros públicos. La Fiscalía está empezando a dar los primeros pasos para identificar si hay empresas públicas, dirigentes públicos que utilizan recursos de los colombianos para utilizar las propias redes sociales”.

Al concluir su intervención, el fiscal general manifestó que en la entidad “seguiremos avanzando hasta llegar hasta el fondo para dar a conocer el problema de la corrupción que tenemos” y que antes de que termine el año se van a entregar más resultados de corrupción sobre temas importantes, como el de Odebrecht.