El fiscal general de la nación, Guillermo Mendoza Diago, dijo que no le corresponde contestar a las afirmaciones del ex presidente Álvaro Uribe, quien defendió actuaciones de su ex secretario general, implicado en una presunta red de espionaje a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas, miembros de ONG’s y opositores.
En entrevista telefónica con The Associated Press, Mendoza aseguró que “nosotros no podemos entrar en ese tipo de controversias porque son comentarios en un plano político, y no en un plano judicial”.
El viernes, horas después de que la Fiscalía le pidió a un tribunal fijar fecha para una audiencia de formulación de cargos contra su ex secretario general, Bernardo Moreno, y la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, Uribe escribió en su cuenta de Twitter: “¿Qué delito es que Bernardo Moreno averigüe, en su deber, por acusaciones de prensa sobre narcotráfico en un tribunal (Corte Suprema)?”.
Según Mendoza, el ex mandatario “tiene todo el derecho a opinar sobre lo que él considere irregular, como todo ciudadano, siempre y cuando no sea injurioso”.
“Siempre lo respeté, siempre me respetó”, dijo, sobre la relación que mantuvo con Uribe.
El 13 de diciembre, Mendoza acudirá al Tribunal Superior de Bogotá y ante un magistrado les imputará cargos, por delitos como concierto para delinquir agravado, a Moreno y a Hurtado, quien desde la semana pasada se encuentra en Panamá en calidad de asilada.
Moreno ha dicho que no piensa dejar el país, y que está presto a enfrentar a la justicia. Tanto él como Hurtado ya fueron sancionados disciplinariamente por la Procuraduría por los supuestos espionajes y se les castigó con un impedimento de 18 años para ocupar cargos públicos.
La eventual captura de Moreno llevaría el escándalo del espionaje hasta las puertas de Uribe, porque como secretario general de la Presidencia trabajaba al lado del despacho del ex mandatario, a quienes sus opositores responsabilizan políticamente del sonado caso.
Los señalamientos contra Hurtado y Moreno provienen de ex funcionarios de menor rango de la policía secreta que han dado testimonio ante la Fiscalía de que ambos fueron quienes ordenaron interceptar teléfonos y hacer seguimientos ilegales, entre otros, a magistrados y periodistas críticos del gobierno de Uribe.
En tanto, la canciller María Ángela Holguín, al término de una ceremonia policial, les dijo a los reporteros que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos descartó la posibilidad de enviar a Panamá una nota de protesta por el asilo concedido a Hurtado porque, según ella, Colombia siempre ha respetado la figura del asilo.
No obstante, Bogotá había hecho pública su “molestia” con Panamá por no haber sido advertido previamente del trámite como un gesto de cortesía hacia un país amigo.
Uribe también escribió el viernes en Twitter: “Pido al Fiscal y a los integrantes de Fuerzas Armadas decir si alguna vez recibieron insinuación de algo ilegal de mi parte, en 8 años”.
Mendoza sostuvo que “yo nunca he recibido insinuaciones en ningún sentido de él. Hubo conversaciones relacionadas con temas públicos, pero él tiene razón: no creo que nadie pueda decir eso”.
En febrero del año pasado, la revista Semana reveló que desde el DAS se interceptaron ilegalmente teléfonos de magistrados y opositores. La Fiscalía inició una investigación que a la fecha ha arrojado las detenciones de una veintena de funcionarios y ex funcionarios del DAS.
La Corte Suprema ha dicho que se ha “orquestado un complot” contra sus magistrados, a raíz de la investigación que ese tribunal inició a finales de 2006 sobre congresistas y ex congresistas por sus vínculos con paramilitares. Hasta hoy, unos 50 de esos parlamentarios, casi todos afectos a Uribe, están en prisión.