El fiscal Juan Carlos Daza, encargado del polémico caso de abigeato que lleva a cabo el Juzgado Primero Promiscuo de San Diego, Cesar, rechazó las acusaciones que han circulado en torno a su trabajo en el proceso judicial. Según el fiscal, las afirmaciones sobre su implicación en la exigencia de 10 vacas obedecen a un acuerdo de indemnización a las víctimas y no a una petición personal.

El fiscal 29 de La Paz, Cesar, enfatizó además que la versión sobre una posible solicitud de 100 millones de pesos o 10 vacas preñadas que entregó recientemente el abogado Juan Pablo Molina son “totalmente falsas”.

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“Estos hechos no tienen validez jurídica y me están acusando dentro de una calumnia e injuria donde aparece que estoy proponiendo desvíos por algún proceso. Es una manipulación que hay ahí para apartarme de él, pero no hay los elementos que estructuren dichas denuncias o conjeturas”, manifestó el fiscal.

Destacó que el proceso judicial se maneja de acuerdo con los lineamientos establecidos y que dicha interpretación errónea no tiene relación con la realidad.

“Yo jamás he propuesto o he dicho que me tengan que entregar semovientes a mí, es una vil calumnia. ¿Dónde está el fundamento jurídico que diga que yo esté solicitando semovientes? Jamás lo haré porque la Fiscalía es una institución de la cual me siento orgulloso y represento con transparencia”, afirmó Daza.

Daza, se refiero también a la relación con las denuncias de Tatiana Perea, hija de los involucrados en el caso y negó rotundamente que haya solicitado una cantidad de dinero o ganado (vacas) a cambio de favorecer a alguno de los acusados. Concluyó su alegando que su objetivo es garantizar la justicia y transparencia en el caso, y no permitir que se distorsione la verdad por intereses ajenos.

Mujer que entregó las supuestas pruebas habló 

Por su parte, Tatiana Perea Torres, hija de los detenidos Gloria María Torres y Aníbal Perea Quintero, quienes enfrentan cargos por este caso, se pronunció. De acuerdo con la mujer, la conversación registrada revela presuntas presiones por parte del recusado, quien supuestamente intentó interferir en la voluntad de las víctimas del caso.

La ciudadana dice que las víctimas habían expresado su deseo de desistir del proceso, pero sería el fiscal quien ha mostrado un interés particular en seguir adelante con el caso.

“Ya hubo una ocasión donde textualmente dijo que pagáramos porque teníamos plata, entonces por eso decidí grabar la conversación y efectivamente se nota el interés particular del fiscal de que entreguen los semovientes a estas personas y no se desista”, indicó.

Por último, la mujer mostró su preocupación por la falta de garantías procesales, asegurando que el caso ha sido manipulado varias veces y que la única manera de evidenciar las irregularidades era a través de las grabaciones.

“Afortunadamente grabé la conversación y se puede observar que el fiscal no ha sido imparcial frente al proceso que se está llevando con mi padre. Siempre hay un interés particular por no querer desistir del proceso aun cuando las supuestas víctimas ya han manifestado que han querido desistir”, dijo Perea.