Martínez envió una carta al ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, en la que le manifiesta que de ser aprobadas estas iniciativas con ocasión de la visita del papa Francisco a Colombia, implicaría, entre otros casos, “la libertad inmediata de los procesados por el escándalo de Odebrecht”.

Y agregó que este sería “un retroceso enorme en los esfuerzos que adelanta la sociedad por recuperar la ética pública”.

Dijo también que estos proyectos “se inspiran en meras razones de benevolencia coyuntural sin considerar su impacto en la política criminal del Estado” y que además “buscan el otorgamiento de beneficios indiscriminados a favor de la población carcelaria, sin reparar en sus consecuencias”.

El fiscal reafirma su preocupación al señalar que los gestores de los proyectos estiman que quedarían en libertad 40 mil presos particularmente autores de los delitos que más impactan la seguridad de los colombianos.

El funcionario dijo también que estos proyectos causan “profunda perplejidad” porque llegan al insólito extremo de decretar la libertad de delincuentes de todos los niveles, a partir de la vigencia de la ley”.

Menciono que se contempla una rebaja de la quinta parte de las condenas, lo que no solamente impactaría el tratamiento criminal de delitos como el homicidio, el hurto y las lesiones personales sino que “increíblemente favorecería a los miembros de organizaciones criminales imputados por concierto para delinquir e inclusive a narcotraficantes”.

Martínez comentó también que “de seguir por este camino de beneficios y rebajas punitivas, vamos a terminar en deuda con los delincuentes”.

Por estas y otras razones, el Fiscal solicitó al ministro Gil Botero, que convoque una sesión del Consejo de Política Criminal para analizar los proyectos de Ley de Jubileo.

EFE