Cuatro militares del Batallón La Popa de Valledupar, enjuiciados por un ‘falso positivo’, en el que murieron una menor y adulto.  

Al cierre de esta edición, en el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Valledupar, la defensa del sargento viceprimero Raúl Patarroyo Vega, el Cabo Segundo Valmer Antonio Rodríguez Granados y los soldados Wilson Bolaños García y Eduar Francisco Marea Ninco, pedían al juez del caso la absolución de los cuatro militares detenidos desde el noviembre de 2011.

Sin embargo, un fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, insistió en que los militares incurrieron en los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir y desaparición forzada. 

Los hechos se remontan al 14 junio 2008 cuando, según el reporte de las tropas adscritas a la Décima Brigada Blindada del Ejército, dos guerrilleros fueron abatidos en enfrentamientos, registrados en la finca ‘El Progreso’, ubicada en la vereda La Señora, jurisdicción de Pueblo Bello, Cesar.

No obstante, según la declaración de un testigo clave de la Fiscalía, los muertos no eran guerrilleros, sino civiles que fueron maniatados de pies y manos, luego los metieron en una parcela, les arrojaron una granada y dispararon con fusil.

Posteriormente, en Medicina Legal, las víctimas fueron identificadas como Nixa Marbelis Martínez Cáceres, de 15 años, desaparecida el 27 de mayo de 2008  y Giovanni Jiménez Zapata, de 38 años.

“Ese día salimos de nuestra casa en el barrio Siete de Agosto, yo la llevé a donde una doctora porque le estaba haciendo un trabajo odontológico debido a los dientes que había perdido en un accidente motociclístico; ella salió a comprar unos guantes y de allí desapareció, no regresó más”, recordó Miriam Cáceres, madre de la víctima.

En octubre de 2011, el Ejército ofreció disculpas  públicas a los familiares de la menor.