La etnia Arhuaca celebra hoy el respaldo brindado por la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-849/14 para proteger sus derechos fundamentales y ecológicos.
Gracias a una acción de tutela instaurada por Rogelio Mejía Izquierdo, actuando en nombre y representación del Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, contra el Ministerio del Interior y la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, la Corte ordenó suspender una licencia para la explotación minera en su territorio al que consideran ancestral.

Tanto el Ministerio como Corpocesar otorgaron mediante la resolución 1646 del 13 de diciembre del 2010 a la empresa Agregados del Cesar EU, y Pavimentos y Construcciones El Dorado Ltda., Ingenieros Contratistas, una licencia ambiental global para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción dentro de la denominada ‘línea negra’.
Sin embargo, Rogelio Mejía expuso en la acción judicial que en 1973 el Estado reconoció a la Sierra Nevada como territorio de los indígenas y aceptó la ‘línea negra’ con el fin de detener lo que para ellos es “el fin de su territorio”.

Según los indígenas, el mundo tiene puntos álgidos que debe cuidar la sociedad a través de leyes, y las mayores leyes están sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, territorio en el hoy sobreviven cuatro comunidades indígenas que conservan diversas tradiciones ancestrales y que suman alrededor de 30 mil personas entre los Koguis, Arhuacos, Wiwas y Kankuamos.
Pero las amenazas de los colonos, como llaman al no nativo de esa zona, llegaron para ellos cuando el MinInterior aprobó la solicitud de Agregados del Cesar para explotar una zona muy cerca de Valledupar, ubicada en la línea negra. Con el certificado, Corpocesar emitió la licencia ambiental a través de la resolución 1646 de 2010, pero cinco años después la Corte Constitucional por medio de una tutela revocó la licencia porque no fueron consultados los arhuacos. Ya Corpocesar fue notificado.

Dicha determinación tuvo fundamento cuando el Ministerio del Interior certificó mediante el oficio del 18 de febrero de 2008, que “no se registran comunidades indígenas en el área del proyecto explotación de materiales de construcción”, entiendo que pudo haber una actuación irregular e ilegal por parte del Ministerio, pues conocía que parte del territorio solicitado estaba dentro del territorio que comprende la ‘línea negra’.
Finalmente, la sentencia T-849/14 resuelve, básicamente, que se debe:

• Conceder los derechos fundamentales a la autodeterminación, a la subsistencia, a la diversidad étnica y a la consulta previa de las comunidades étnicas diferenciadas, objeto de especial protección constitucional, que habitan el territorio sagrado de la Sierra Nevada de Santa Marta.

• Dejar sin valor y efecto la licencia ambiental global otorgada a Agregados del Cesar EU para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción, en jurisdicción del municipio de Valledupar.
  La mayor preocupación para los arhuacos es que como esta existen otros títulos para la excavación de la tierra, de la que sustraen materiales para la construcción, que ponen en peligro varios asentamientos debido a que se busca la creación de represas hidrológicas alimentadas por el río Guatapurí, que nace en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.
  Para el secretario de la Confederación Indígena Tayrona, cabildo arhuaco Hermes Torres, la consulta previa no se aplica como debe hacer.
  “La consulta previa se ha tomado como para informar o socializar, sobre lo que se quiere hacer y así estemos de acuerdo o no se continúa”, dijo Torres, por eso pide a la Corte que se garantice que en la Sierra Nevada hay cuatro pueblos indígenas que defienden el territorio.
  EL PILÓN intentó conocer la posición de Corpocesar después del fallo de la Corte, pero no fue posible comunicarse con Leuger Cortes, director encargado de la corporación.

Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN
[email protected]