Si algún día se llegare a escribir la verdadera historia de Colombia, necesariamente tendrá que registrarse el 19 de marzo de 2014 como otra fecha demostrativa de que lo que ha imperado en este país desde hace más de dos siglos es una fachada de democracia que sirve de escondite a un régimen excluyente, intolerante y por tanto generador de violencia.

El golpe de Estado que ese día se consumó contra un alcalde legítimo, lo que ratifica es que el voto en Colombia en las actuales circunstancias para lo único que sirve es para legitimar el abuso de poder y la perpetuidad de brechas descomunales entre los omnipotentes y los desposeídos.

Increíble, pero cierto, que los herederos de los que fueron incapaces de defender el territorio más estratégico del mundo el Istmo de Panamá y después optaron por vendérselo a los Estados Unidos, los mismos que hoy siguen impertérritos como si nada hubiera pasado con la pérdida de más de 75 mil kilómetros de mar territorial en el Caribe Colombiano´, esos que por ese sólo hecho gravísimo deberían estar inhabilitados no por 15 años sino a perpetuidad, sean los que se rasgaron las vestiduras, porque Bogotá, -que sigue siendo territorio colombiano hasta que otro zarpazo imperialista no diga lo contrario-, se haya visto envuelta en dificultades provocadas por el cartel de la basura durante tres días.

Si la conspiración septembrina de 1828 tenía como propósito matar físicamente al Libertador de América y afortunadamente fracasó, la conspiración decembrina del 2013 para matar políticamente al legítimo alcalde de Bogotá hasta hoy parece tener éxito. El argumento: “La defensa de la institucionalidad”.

Las preguntas que habría que hacerle a los sofistas y oportunistas que lo esgrimen para encubrir mezquinos cálculos electorales,son entre otras: ¿El criterio de la Corte Constitucional acerca del carácter vinculante de las medidas cautelares de la CIDH no forma parte de la institucionalidad colombiana? ¿Por qué se argumentan los fallos de la Corte cuando son favorables a una decisión, como en el caso de la sentencia contra Piedad Córdoba, pero se ignora olímpicamente y se pasa por encima de ellos cuando no les favorecen? ¿Por qué primó en el Consejo de Estado el derecho formal sobre el derecho sustancial? ¿Si en el caso Petro se reconoce que se le violó el debido proceso que es un derecho fundamental, por qué no es procedente la tutela? ¿Entonces para qué sirve la tutela? Definitivamente aquí el que violó la institucionalidad no fue Petro, fueron otros: los poderosos a los que la diferencia les produce una piquiña insoportable.

¡Los antichavistas que no tuvieron otro recurso que hacer lo mismo que hizo Chávez: desconocer la solicitud vinculante de la CIDH! La diferencia es que aquel por lo menos tuvo el pudor de retirarse del sistema interamericano de Derechos Humanos.