El Juzgado 47 Penal de Bogotá con Funciones de Control de  Garantías negó la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía contra el exsecretario de Salud de La Guajira, Gonzalo Francisco Araujo Daza, investigado por presuntamente incurrir en irregularidades dentro de un millonario convenio para erradicar el dengue en ese departamento.

Sin embargo, la Fiscalía apeló la decisión judicial en que también fueron dejados en libertad Marco Luis Pedraza Fernández, exasesor jurídico de la Gobernación y jefe de contratación de La Guajira, y Fredy Alexander Díaz Quijano, representante legal y contratista de Organización Latinoamericana para la Investigación de la Salud (Olfis).

Según el juez, no existe “inferencia de autoría y participación de los procesados en esta investigación”. Sin embargo, para la Fiscalía los procesados representan un peligro para la sociedad y además, porque al permanecer en libertad, podrían afectar por su influencia en el departamento de La Guajira, el trámite procesal.

El ente acusador imputó cargos contra Araujo Daza y el contratista Díaz Quijano por los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento público y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Este último punible, es por el que deberá responder Pedraza Fernández. Ninguno aceptó su responsabilidad.
De acuerdo con la investigación, Pedraza Fernández, como jefe de contratación era quien daba las autorizaciones para la adjudicación directa de contratos, en este caso, del convenio 019 de 2014.

En el expediente se advierte que la Gobernación vulneró, por su posición de garante, los principios de planeación, selección objetiva y de publicidad contemplados en la ley 80 de contratación estatal y la Ley 1510 de 2013, la cual regula los ingresos departamentales.

Los hechos se relacionan con el programa destinado a prevenir la propagación del dengue en varios municipios de La Guajira, entre ellos Uribía, Albania, Dibulla, Barrancas, Distracción, El Molino, Urumita, Fonseca, Hato Nuevo, Villanueva y Riohacha, entre otros; así como dos resguardos indígenas.

Se estableció mediante labores investigativas, que la administración departamental decidió favorecer a la empresa privada, con el fin de  apropiarse de recursos de regalías con la entrega de convenios a entidades que no contaban con una propuesta formal, con carencia de infraestructura y de experiencia y poca viabilidad de los adjudicados.
“Los peculados ascenderían a 471 millones de pesos a través de subcontratación, alquiler de vehículos y compra de insumos”, sostuvo el fiscal del caso.

Eran muchos los postulados

Entre los postulados calificados para asumir el proyecto de salubridad y tecnología, estaban las universidades de Santander, Popular de La Guajira,  Universidad Popular del Cesar y universidades de Texas (Estados Unidos) y la de Sao Paulo (Brasil), las cuales se presentaron con su carta de intención de participación, pero que no fueron tenidas en cuenta.

Los convenios tenían como finalidad establecer costos de estadísticas de las personas infectadas, nuevos tratamientos para el dengue, campañas de sensibilización y estadísticas para la reducción de la problemática social.

Según estudios anexados al proceso penal, varias entidades nacionales e internacionales advirtieron que el dengue es altamente previsible y que para la época continuaba en crecimiento en Latinoamérica, por eso debía ser atendido por personas o empresas con capacidad y experiencia en este tipo de emergencias.

Por Abdel Martínez Pérez