Lo que todos atinaron en llamar una bomba de tiempo, explotó. La gota que rebosó la copa con el comercio de gasolina de contrabando que venden en el municipio de La Paz sin ningún control y bajo los ojos ‘permisivos’ de las entidades y organismos del Estado, fue el hecho ocurrido este viernes que dejó más de cinco casas totalmente quemadas y varios vehículos.

Este lamentable hecho, que afortunadamente no dejó muertos ni heridos, es el último llamado a las administraciones municipal y departamental, al Gobierno Nacional, a las organismos judiciales y en especial a la misma comunidad que finalmente es la afectada con este problema. ¿Qué más van a esperar para actuar? ¿Qué se queme medio pueblo?

Este es un problema que no se solucionará en un día, ni una semana y mucho menos en un mes. Pero hay que comenzar. El triste episodio del viernes demostró que este Municipio no está ni siquiera preparado para apagar un incendio de esta magnitud y afortunadamente la cercanía con la capital cesarense, permitió el desplazamiento de varios vehículos del Cuerpo de Bomberos de Valledupar.

Y tampoco está preparado para enfrentar con su reducido cuerpo de agentes de la Policía el ingreso del combustible de contrabando, después de que ha atravesado más de 12 municipios del vecino departamento de La Guajira. Lo que significa que es un problema de talla mayor, en el que debe indiscutiblemente meter mano el Gobierno Nacional con políticas específicas para atacar el contrabando y desmantelar no sólo las ventas a granel en todo una población, sino los negocios que hay detrás, como el tráfico de drogas y de armas, según lo afirmó hace un año en la Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y Derecho Humano Internacional, que a través del Sistema de Alertas Tempranas enfatizó en “la importancia económica que había adquirido La Paz para los grupos ilegales”.

El llamado que hizo la Defensoría en octubre de 2012 al Estado, es el mismo que se hace hoy: “coordinar la adopción de medidas que lleven a conjurar, mitigar, o controlar la situación de riesgo con el fin de proteger a la población civil de La Paz”, acciones en las que deben estar los ministerios de Minas y Energía, de Relaciones Internacionales, de Defensa, del Interior, así como la Fiscalía General de la Nación, fuerzas militares, policiales y organismos de seguridad, Gobernación del Cesar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-.

Los pacíficos y todos los pueblos que hoy viven de la venta de gasolina de contrabando, merecen otra suerte. La Paz debe volver a su vocación agropecuaria, para eso tiene 110.882 hectáreas aptas para producción agrícola, de las cuales 65 mil están dispersas en los diferentes pisos térmicos de la Serranía del Perijá.