Terminó con éxito la primera experiencia ciudadana de reconocimiento del territorio de futura zona de Reserva Campesina en el Cesar, donde más de 2.000 familias de la parte alta de los municipios de Curumaní, Chiriguaná, Chimichagua y Pailitas buscan asentarse hoy, una vez más, en sus tierras de donde salieron como consecuencia del conflicto armado. Por eso, sin olvidar esa comunidad campesina que durante la década del 60 los hizo ricos, seguros y ciudadanos del campo; con la memoria de su historia como su mejor patrimonio y con el derecho a no olvidar lo que han llegado a ser, se realizó la Expedición Perijá.

Con el compromiso de la Corporación Obusinga y del Programa ART-REDES del PNUD, los expedicionarios conformaron seis comisiones para hacer un reconocimiento más preciso de los territorios recorridos: agua y fuentes hídricas; flora y fauna; producción agropecuaria; situación alimentaria; salud, educación y vivienda; y vías de acceso que fueron recopilando en su camino desde Pailitas hasta Poponte.

Las observaciones de la Expedición serán fuente fundamental para la formulación del Plan de Vida Campesino para el Perijá, cuya construcción colectiva contará con el apoyo de un equipo de técnicos y profesionales de diversas disciplinas cuyos conocimientos serán también fundamentales para pensar en las soluciones mejores para la vida de sus habitantes. Para recoger esta información y conocer el territorio, la Expedición Perijá atravesó durante seis días ríos y quebradas, carreteras y trochas, bosques, fauna y flora, cultivos, viviendas, escuelas y puestos de salud de los municipios visitados.

La Expedición Perijá, que permite a partir de ahora avanzar en la construcción del Plan de Vida Campesino, es el primer paso para la conformación de la Zona de Reserva Campesina del Perijá; proceso que está validado por el INCODER a través de la Resolución 1952 del 2012, en el entendido de que estas Zonas son para controlar la expansión inadecuada de la frontera agropecuaria; evitar y corregir fenómenos de inequitativa concentración o fragmentación antieconómica de la propiedad; la generación de condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo sostenible de la economía campesina y de los colonos de escasos recursos; regular la ocupación y el uso de las tierras baldías; facilitar la ejecución integral de las políticas de desarrollo rural, entre otros.

Le corresponde ahora a las entidades territoriales de la Mesa de Tierras del Cesar no ser inferiores a este reto de construcción de paz y desarrollo local campesino – una iniciativa promisoria-, fundada en la restitución de los derechos de las víctimas del conflicto armado en el Cesar. Es un deber y una deuda que tienen para con ellos el Estado colombiano y las instituciones territoriales. Protegerlos efectivamente y dotarlos de garantías, recursos y servicios para una vida digna debe comenzar a ser una realidad desde ya y desde las propias instituciones territoriales del departamento y los municipios.