El Gobierno de Colombia aclaró que los paramilitares que se desmovilizaron en virtud de la Ley de Justicia y Paz de 2005 y que recobren la libertad no se beneficiarán del proceso de reintegración social previsto en la Jurisdicción Especial para la Paz que hace parte del acuerdo firmado con las Farc.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, aclaró que el decreto 2199, con fecha 26 de diciembre y publicado al día siguiente está referido a excombatientes de las Farc que se acogieron a la Ley 975 de 2005, también conocida como Ley de Justicia y Paz, en el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares.

El decreto daba a entender que los exparamilitares que paguen sus penas podrían acogerse a los beneficios de reintegración de la Justicia Especial para la Paz (JEP), pero el ministro aclaró ayer que no será así.

Según Rivera, el decreto “pretende darle alcance a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que abrió la posibilidad para que los excombatientes de las Farc, postulados a la Ley de Justicia y Paz, que hayan recibido la amnistía, puedan acogerse al sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, dijo.

Rivera agregó que “como ellos han recibido beneficios consagrados en la Ley de Amnistía pueden, en virtud de ello, hacer parte de quienes comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz y hacer parte de los programas de reincorporación de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)”.

Detalló además como uno de los requisitos para quienes aspiren a ser beneficiados por el decreto 2199 que hayan recibido algún beneficio de la Ley 1820 de 2016, referida a la amnistía, el indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones en el marco del acuerdo de paz con las Farc.

Ese decreto, firmado por los ministros del Interior, Guillermo Rivera, y de Justicia, Enrique Gil Botero, establece que “la viabilidad de los procesos de transición del conflicto hacia la paz dependen del otorgamiento de las medidas necesarias para hacer que esta se convierta en irreversible, estable y duradera”.

Para ello es necesario conceder “formas de asistencia temporal para cubrir las necesidades básicas de los excombatientes en la medida en que estos no tienen los ingresos económicos mínimos o de supervivencia, siendo consecuente proporcionarles los medios necesarios para vivir, satisfaciendo sus necesidades básicas y de esta manera evitar que recaigan en la ilegalidad”. Para el Gobierno, “otorgar a los excombatientes las herramientas suficientes para integrarse a la vida económica y social constituye una garantía de no repetición”.

El acuerdo de paz firmado con las Farc se basa justamente en los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

En 2006, tras un proceso de negociación con el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe, más de 30.000 personas vinculadas a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se sumaron a los procesos de desmovilización, desarme y reintegración.

El 4 de noviembre de 2008 se llevó a cabo la primera versión libre ante la Fiscalía 58 Delegada de Justicia y Paz con sede en Valledupar, diligencia con el exparamilitar Alcides Mattos Tabares, alias ‘El Samario’, desmovilizado del frente ‘Juan Andrés Álvarez’ de las Auc.

Desde entonces, más de 79 postulados han rendido versiones libres en las instalaciones del grupo satélite en esta capital, donde han confesado 1.623 hechos.