A través de una resolución de conclusiones, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, explicó sobre la manera cómo los 12 exmilitares del Batallón de Artillería N° 2 La Popa, quienes reconocieron los ‘falsos positivos’ en el Cesar y La Guajira, podrían pagar hasta ocho años de sanción restaurativa.
Los proyectos que propone la Sala de Reconocimiento para que el tribunal para la paz los tenga en cuenta al emitir la decisión final son las cuatro propuestas que presentaron los comparecientes que fueron evaluadas y aprobadas.
La primera iniciativa es una propuesta conjunta de los comparecientes que denominaron “Dignificación del buen nombre de las víctimas y comunidades indígenas wiwa y kankuama”. Esta contempla la gestión y realización de actividades encaminadas a restablecer el buen nombre de las víctimas en la región.
La segunda es la adecuación de un denominado “Resguardo de la Memoria Histórica Víctimas del conflicto armado colombiano en el Cesar y el Caribe”.
La otras dos propuestas son de carácter individual: una consiste en realizar acciones de reforestación y de recuperación de cuencas hídricas, bajo el proyecto denominado “Del hombre a la tierra” y la otra en la participación y contribución en escenarios ancestrales de memoria y armonización que estimen pertinentes las autoridades espirituales de los pueblos indígenas wiwa y kankuamo.”Para ello, se tuvieron en cuenta las afectaciones desproporcionadas que sufrieron pueblos indígenas wiwa y kankuamo, mujeres, niñas y adolescentes. Durante los encuentros se buscó promover el diálogo abierto y respetuoso sobre las diversas aproximaciones que pudieran existir a los elementos estructurantes de la formulación de propuestas de Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador y Reparador (TOAR)”, indicó la JEP.

LOS COMPARECIENTES

De los comparecientes los que tendrán una carga más restaurativa son: el mayor retirado Guillermo Gutiérrez Riveros, excomandante de batería y oficial de operaciones; el teniente coronel retirado Heber Hernán Gómez Naranjo, quien fue responsable de la sección de operaciones, ejecutivo y segundo comandante; el exsargento primero Efraín Andrade Perea, quien estuvo al frente de la sección segunda; el exsargento primero Manuel Valentín Padilla Espitia, agente de inteligencia externa de la sección de inteligencia, y el teniente retirado Carlos Andrés Lora Cabrales, excomandante de batería y del grupo especial Trueno.
Asimismo, serán sancionados el exsubteniente Eduart Gustavo Álvarez Mejía, excomandante del pelotón especial Zarpazo; el exsargento viceprimero José de Jesús Rueda Quintero, excomandante del grupo Zarpazo; el subteniente retirado Elkin Leonardo Burgos Suárez, excomandante de un pelotón de soldados regulares; el excabo tercero Elkin Rojas, excomandante de escuadra; y los soldados profesionales Juan Carlos Soto Sepúlveda, Yeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado Sierra.
“En cada uno de estos casos la Sala de Reconocimiento evaluó si los imputados podían o no acceder a un tratamiento especial como la sanción propia, cuyo complimiento será verificado y monitoreado por la JEP y por las Naciones Unidas”, puntualizó la JEP.
Así las cosas, concluyeron que los exmilitares cumplieron con los requisitos, puesto que reconocieron su responsabilidad y contaron sobre su participación sobre las ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005.
Lo hicieron mediante las audiencias que se realizaron en Valledupar el pasado 18 y 19 de julio.