Once de los quince militares que pertenecieron al Batallón de Artillería Nº2 La Popa y que fueron imputados por ejecuciones extrajudiciales en la costa Caribe, aceptaron su responsabilidad en los hechos mediante un escrito presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.    

El mayor Heber Hernán Gómez Naranjo, el teniente Carlos Andrés Lora Cabrales, los subtenientes Eduart Gustavo Álvarez Mejía y Elkin Leonardo Burgos Suárez; los sargentos primero Efraín Andrade Perea y Manuel Valentín Padilla Espitia; el sargento viceprimero José de Jesús Rueda Quintero, y los soldados profesionales Juan Carlos Soto Sepúlveda, Yeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado Sierra, investigados por circunstancias sucedidas entre 2002 y 2005, fueron los firmantes de la carta.  

El imputado con más alto rango por este caso es el mayor retirado Guillermo Gutiérrez Rivero, quien también aceptó su responsabilidad sobre los ‘Falsos Positivos’ mientras se desempeñaba como oficial de operaciones del Batallón La Popa. 

“Reconozco mi responsabilidad por contribuir al conflicto armado en vez [sic] de la paz, como me lo mandaba mi cargo público y mi deber como ciudadano. Pido perdón a cada uno de los ciudadanos víctimas de mi acción, a quienes reconozco como personas dignas y sujetos de derechos vulnerados y me comprometo a repararlos, aportando toda la verdad que conozco sobre estos homicidios”, precisó Gutiérrez en el documento presentado. 

En este mismo proceso estaban los coroneles Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, excomandantes del Batallón La Popa durante los años 2002 y 2004 y 2004 y 2005, respectivamente, pero decidieron no aceptar los hechos. 

Por lo tanto, sus casos fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, la cual funciona como una especie de Fiscalía que se encargará de llevarlos a juicio. De ser vencidos Mejía y Figueroa podrían ser condenados hasta con 20 años de cárcel.    

De Mejía la Sala de Reconocimiento determinó “que tuvo liderazgo y contribuyó de manera esencial en el diseño y la implementación del plan macrocriminal encontrado, por la conformación y dirección de la organización criminal que se creó dentro del Batallón La Popa, dedicada a la comisión de asesinatos y desapariciones que fueron presentadas como bajas en combate”.  

En consecuencia, lo responsabilizan de 75 muertes originadas por el Batallón La Popa, ubicado en la capital del Cesar.