Los malos manejos de los recursos públicos y los nexos con los grupos armados ilegales han marcado la historia política del país y especialmente del Cesar, donde varios exgobernadores, exalcaldes y excongresistas han sido encarcelados.
El Cesar fue y sigue siendo uno de los departamentos más azotados por la violencia de los grupos armados ilegales, los cuales, además de dejar una estela de muerte para imponerse sobre los más débiles, han participado activamente en los procesos electorales para permear  las administraciones locales.
En el Establecimiento Penitenciario Y Carcelario de Mediana Seguridad de Valledupar, ubicado en el barrio Dangond, actualmente se encuentran recluidos siete exalcaldes cesarenses, cuatro condenados y tres sindicados, unos por delitos de lesa humanidad y otros  por ‘desangrar’ el erario.

De San Alberto

Javier Zarate Ariza y Gerardo Jaimes Ortega, están presos luego de ser capturados el 28 de noviembre de 2003 por su presunta participación en la muerte de Aída Cecilia Lasso Gemade, candidata a la alcaldía de ese municipio, y de su hija menor Sindy Paola Rondón Lasso, en hechos ocurridos la noche del 21 de junio de 2000, cuando fueron asesinadas por paramilitares.
Javier Zárate Ariza, fue elegido como alcalde de San Alberto tras el asesinato de la candidata. También fue acusado de participar en el plan para matarla.
Ambos exmandatarios fueron condenados a 31 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir y homicidio, además recibieron como pena accesoria la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo de veinte 20 años.
Gerardo Jaimes Ortega, quien fungió como alcalde en el periodo 1998-2000, tiene otra condena proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión Adjunto de Valledupar en septiembre de 2010, por el homicidio del concejal Hugo López Quiroz, asesinado el 28 de julio de 1999, en un hospedaje del municipio de San Alberto. Según las investigaciones adelantadas por las autoridades el crimen del concejal se originó por supuestas divergencias políticas con el entonces mandatario municipal Gerardo Jaimes Ortega.

De La Jagua De Ibirico

Osman Mojica Cuadros, elegido alcalde de La Jagua de Ibirico por el partido Liberal en las elecciones de octubre de 2003, para el periodo 2004-2007. Fue capturado en mayo de 2009 como presunto responsable del delito de concierto para delinquir. Tiene una condena del Juzgado Penal del Circuito de Chiriguaná de cuatro años por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y una más de 15 meses por peculado culposo.
Edinson Lima Daza, capturado el 26 de julio de 2006, se desempeñó como alcalde de La Jagua de Ibirico  entre agosto de 2005 y febrero de 2006, está pagando condenas por los delitos de interés indebido o ilícito en la celebración de contratos y peculado por apropiación, tras comprobarse sobrecostos por más de mil 500 millones de pesos en el contrato para el suministro de seis mil 050 metros lineales de tubería de hierro para obras en el municipio.

Hernando Enrique Díaz Mendoza, alcalde de La Jagua de Ibirico entre el 2001 y 2003, está condenado a 11 años de prisión por el delito de peculado por apropiación. Es recordado porque a solo tres meses de haber asumido el cargo Díaz ya había comprado una vivienda en un exclusivo sector de Valledupar por $160 millones, adquirió un apartamento en Bogotá, vehículos lujosos y otros bienes, al parecer con dineros de las regalías.
De Astrea
Garibaldi López, alcalde de Astrea, en el periodo 2003-2007, Jaime Sanjonero Pallares y Edgar Orlando Barros Ortega, este último cobijado con detención domiciliaria y los dos primeros privados de la libertad en la cárcel judicial de Valledupar son investigados por el punible de concierto para delinquir ante sus supuestas alianzas con grupos miembros del Bloque Norte de las Autodefensas que delinquían cuando ellos fungieron como alcaldes de Astrea.
El proceso de los tres ex alcaldes de Astrea estaba en un juzgado de Valledupar,  pero cambió de radicación por solicitud de la Fiscal 25 Especializada de la Unidad Nacional contra el Terrorismo, y ahora está a cargo del Juzgado Octavo Especializado de Bogotá.