La fiscal general de la Nación, Vivianne Morales Hoyos, anunció este mediodía las primeras 22 imputaciones de cargos  el próximo 5 de abril por el escándolo del programa del Agro Ingreso Seguro, AIS.

Los afectados son exfuncionarios del Ministerio de Agricultura, entre los que se encuentra el exviceministro Juan Camilo Salazar; el exgerente del Incoder y exalcalde de Valledupar en dos oportunidades, Rodolfo Campos Soto y varios integrantes de la familia Dávila y de la Familia Vives Lacouture.

Con respecto a los miembros de la familia Dávila, los citados a estas audiencias son: Juan Manuel Dávila Jiménez, María Clara Fernández de Soto, Juan Manuel Dávila Fernández de Soto, Ana María Dávila Fernández de Soto y Valerie Domínguez Tarud.

A estas personas se les imputarán los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, incumplimiento a requisitos legales, peculado por apropiación , prevaricato por acción y prevaricato por omisión.

Según la investigación estas personas recibieron un total de 2 mil 212 millones 501.213 pesos para recibir bienes de programa AIS sin cumplir al parecer con los requisitos legales para ello.

Igualmente se formulará imputación de cargos contra miembros de la familia Vives Lacouture, entre los que se encuentran: Álvaro Luis Vives Lacouture, Inés margarita, Vives Lacouture, Roberto Eusebio Vives Lacouture, María teresa Vives Lacouture , Patricia Vives Lacouture, Lose Francisco Vives Lacouture, Silvia Rosa Vives de Sánchez, María Luisa Zúñiga Vives, Silvia Rosa Campo Vives y Roxana María Castro Solano. Estas personas según la Fiscalía recibieron un total de 4 mil 532 millones 696.871 pesos en beneficios del programas AIS, presuntamente, sin haber cumplido requisitos para ello.

Morales, quien hizo el anuncio desde la oficina central de la Fiscalía, sostuvo que se investigan otras 50 personas por los mismos hechos, entre servidores públicos, contratistas y beneficiarios, a quienes ya se han escuchado en interrogatorio.

Las investigaciones de la Fiscalía se refieren a contratos por cerca de 300 mil millones de pesos que habrían sido adjudicados a funcionarios irregularmente.