Para analizar los casos de amenazas a los líderes y lideresas que promovieron y participaron en la marcha pacífica contra la violencia realizada el pasado 19 de noviembre, la Oficina Asesora de Paz realizó el primer Subcomité Extraordinario de Prevención y Protección y Garantías de no Repetición, evento desarrollado en la sede del Archivo Departamental del Cesar ‘Aníbal Martínez Zuleta’.

El artífice de este encuentro fue Jesualdo Hernández Mieles, asesor de Paz Departamental, quien convocó este subcomité para hacerle seguimiento a los compromisos de protección adquiridos y evaluar los reales riesgos manifestados por la lideresa Yaniris Barraza y los líderes Ronald Nieves y Selides Márquez, quienes en presencia de la directora de la Unidad Territorial de Atención de Víctimas, Juana Ramírez; personal del Ejército, Policía, Defensoría del Pueblo y de la Unidad Nacional de Protección, expusieron amenazas y presiones de las que han sido objeto.

“La directriz del gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, es darle cumplimiento al programa nacional que adelanta el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y evitar a toda costa que en el Cesar se presenten los atentados y hechos lamentables que han ocurrido en otras regiones del país, razón por la cual se evaluaron los riesgos y se adquirieron compromisos de seguimiento y atención por parte de la fuerza pública”, aseguró Hernández Mieles.

En la reunión acordaron que las instituciones se comprometieron a que las reuniones sean productivas, conminar a los Alcaldes a que protejan a los líderes con los medios que cuentan, pasar de la recepción de historias y quejas a acciones concretas y, que los líderes y lideresas oficien puntualmente sus denuncias para que la Fiscalía tome cartas en el asunto e inicie las investigaciones. Como un valor agregado a la reunión, la Directora Territorial de la Unidad de Víctimas invitó a que se retome la construcción de confianza entre los amenazados y las instituciones. La Policía se comprometió en la realización de mesas de trabajo con los amenazados para analizar los casos y hacer seguimientos reales a las denuncias.

Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN