La separación física de las personas que forman parte de nuestro entorno familiar y social conlleva el inicio de un proceso de adaptación o una etapa necesaria para lograr acentuar nuestra identidad como elemento del universo.

La etnografía es capaz de instruirnos a manera que podamos entender lo complejo del equilibrio natural de nuestros pueblos indígenas de los cuales descendemos, pero vetamos y recriminamos.

Entendemos la muerte como un estado natural e inherente a la vida humana, pero tan profundo  es lo que afloramos una vez nos enfrentamos con ella. Nuestros ancestros indígenas de la etnia wayuu, en La Guajira, forman parte de un todo o sistema. En las tradiciones, de no enterrarse el cuerpo jamás habrá un descanso para él o su familia, no se trata de libre decisión personal de escoger la forma de velación, sepultura o entierro, exposición, cremación entre otras distintas formas; sino de respetar, entender y dimensionar el significado singular de cada una, en un medio distinto al nuestro.

En días anteriores en una columna de mi autoría, analizaba cómo ciertos derechos humanos son vulnerados reiteradamente bajo el fundamento de pretender garantizar otros, cuestión incompatible con la aplicación y evolución constante del derecho.

Podrán algunos manifestar que es fácil criticar las decisiones institucionales a menudo, pero claramente observamos que lo que permite el atropello de estos derechos es simplemente el desconocimiento de nuestra identidad y orientación  de sentido común. Cómo pedirles a nuestros ancestros adaptarse a un mundo que los desconoce y además lesiona con medidas como las que hemos visto contra el pueblo wayuu, en días de covid-19, y pretender además que unas disculpas por escrito enmienden el daño existencial y generacional causado por la negligencia, incompetencia y absoluta ignorancia de nuestra cultura ancestral étnica y además la asumimos como nuestra con orgullo hipócrita. 

El daño causado a los familiares de la indígena  Luz  Delys Pérez está hecho ya, no podrán hacer ese segundo encuentro para el desentierro, donde habitualmente el cuerpo es limpiado por sus familiares para prepararlo hacia el ‘jepirra’ (el mar para el pueblo wayuu). Todo ello por una mala decisión administrativa la cual omitió por desconocimiento los procedimientos especiales que ameritaba el trato diferencial con nuestros pueblos indígenas, al autorizar la cremación de su cuerpo sin vida sin antes cerciorarse la causa real de su muerte. 

El debate que surge también es en caso de ser positivo para covid-19 como causa de deceso de un indígena wayuu cuál sería el paso a seguir, para garantizar el derecho fundamental al autorreconocimiento y desarrollo cultural como derecho, frente a la obligación del Estado de proteger y salvaguardar la salud de todos los colombianos, siendo este también un derecho fundamental, ¿no debería ser la Corte Constitucional quien resuelva estas solicitudes de acciones constitucionales para la garantía y goce efectivo de los derechos humanos en Colombia?

*Especialista Derechos Humanos & D.I.H

Master Derecho U. Girona