Un grueso número de estudiantes de las diferentes etnias   indígenas provenientes de otros departamentos se mostraron inconformes con la determinación de las directivas de la Universidad Popular del Cesar UPC, por una modificación a la resolución por medio de la cual se reglamentan los requisitos para otorgar exoneraciones y descuentos a los estudiantes y funcionarios del alma mater.
Según los mismos estudiantes, la medida afecta a más de mil alumnos de las etnias asentadas en La Guajira y  de otras comunidades indígenas, “la ley establece los acuerdos con los indígenas a nivel nacional y  no es   excluyente, por eso, o no reciben a los indígenas o los reciben a todos”, dijo José Vega, un padre de familia  que se siente perjudicado con la medida.
Los estudiantes hacen parte de los programas de Derecho, Comercio Internacional, Economía, Ingeniería electrónica, entre otros. La preocupación de los estudiantes radica en que, según ellos, la universidad dio a conocer la medida muy tarde y ya termina el plazo para  matricular y no cuentan con los recursos para  cubrir la totalidad del costo que está estipulado en 708 mil 519 pesos, mientras que con las exoneraciones  y descuentos  que les brindaba la universidad, estaban pagando 173 mil pesos.
Los afectados llamaron la atención del rector Raúl Maya Pabón, para que presente alternativas de solución ante la inminente entrada a clases, ya que los estudiantes van cursando niveles adelantados en sus respectivos programas.

Las directivas responden

Después de revisar la situación financiera del alma mater, y teniendo en cuenta los altos costos que generaban  las exoneraciones y descuentos para estudiantes y funcionarios de la misma, el rector Raúl Maya Pabón, tomó la determinación de modificar la resolución, en la cual había inconvenientes por la falta de control administrativo.
Según las directivas de la universidad, la determinación fue tomada porque  no había cómo verificar si los datos reportados por el Cabildo Gobernador eran ciertos, para saber si esos estudiantes eran indígenas en sus respectivos departamentos,  y otro de los criterios que se tuvo en cuenta para dicha modificación,  fue que en 2010, los costos por exoneración de matrículas a estudiantes indígenas  sumó cerca de 615 millones de pesos.
Cerca del 60 por ciento  de los estudiantes exonerados el año anterior,  provienen de La Guajira y  según las directivas de la UPC, la oficina de Asuntos indígenas de ese departamento no se ha interesado en firmar un convenio con esta universidad, lo que al parecer, ha perjudicado financieramente al alma mater.
La resolución 1768 por medio del cual se reglamentan los requisitos para otorgar exoneraciones y descuentos a estudiantes y funcionarios de la UPC fue modificada y concierne no sólo a los estudiantes de las etnias indígenas que no tienen asiento en el departamento del Cesar, es decir, las provenientes de otras regiones, sino  a los cónyuges de los funcionarios vinculados a la institución, a los hijos de docentes o funcionarios de planta, a los integrantes de los grupos de actividades culturales, deportivas, apoyo logístico y pastoral social de la UPC.
Teniendo en cuenta que uno de los propósitos de la universidad es brindar apoyo a las comunidades indígenas,  los directivos de la UPC advierten que las exoneraciones continuarán vigentes para los estudiantes de las etnias del Cesar que cumplan con los requisitos.
Los cónyuges de funcionarios vinculados a la institución, y los hijos de los docentes o funcionarios de planta,     sólo tendrán derecho a  presentarse por primera vez a un programa de pregrado o postgrado y para ello, también deberán cumplir con los requisitos exigidos por la universidad.
Entre tanto, los directivos de la UPC verificarán que los estudiantes que hacen parte de los grupos de actividades culturales, deportivas y de pastoral social,  se encuentren en el listado de participantes de las diferentes secciones adscritas a la División de Bienestar institucional para obtener las exoneraciones y descuentos.