El movimiento de mujeres y diversidades de la Universidad Popular del Cesar asegura haber recibido testimonios de estudiantes presuntamente acosadas por algunos profesores y otros miembros de la institución educativa. 

Integrantes de la colectividad explicaron que se trataría de “coqueteos, comentarios inapropiados, propuestas sexuales por notas o por no afectar académicamente”. 

En el peor de los casos, contaron a EL PILÓN,  los presuntos acosadores también “minimizan los conocimientos y hacen comentarios despectivos” sobre las alumnas. 

¿QUIÉNES SON LOS PRESUNTOS ACOSADORES?

“La mayoría de los acosadores son de Derecho, quienes también dan clases en otras carreras. Hemos recibido denuncias desde Sociología, las licenciaturas, Ciencias Naturales, Artes, entre otras”, afirmaron las denunciantes que pidieron reserva de sus identidades para prevenir mayor persecución de la que habrían recibido hasta la fecha a raíz de exponer esta situación. 

“Al ver que no obtenemos ninguna respuesta por parte de los administrativos, hemos empezado a manifestarnos en contra de esto para hacer presión y que se empiece a ejecutar la supuesta política de equidad de género que tenemos en la universidad”, afirmó una de ellas.  

“Hemos recolectado nombres y la repetición de ellos nos confirma las actitudes machistas y clasistas que pueden llegar a tener los profesores”, agregó la fuente, pero señaló que revelar cuáles son las pondría en peligro. 

LA POLÍTICA DE EQUIDAD DE GÉNERO 

Desde finales de 2022, la UPC habría estado implementando la política de equidad de género y diversidad a través de la Oficina de Bienestar Universitario. 

Hasta el mes pasado, a esta dependencia habrían llegado dos denuncias formales, cuyo trámite está a cargo de una estudiante de Derecho, lo cual disgusta a las manifestantes, pues consideran que al frente de esta política debería estar una persona externa a la entidad y capacitada en temas de género. 

“Hay puestos políticos o por ser amigos, ella puede ser perjudicada académicamente si el acosador es profesor suyo. No queremos a una estudiante ni alguien que tenga conflicto de intereses”, precisaron. 

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EL PROTOCOLO DE ATENCIÓN, SEGÚN EL RECTOR DE LA UPC

EL PILÓN también dialogó con el rector Rober Romero, quien tiene conocimiento de estas quejas al interior de la alma mater. 

“Fuimos la primera universidad pública del país en aprobar una política de prevención y atención de casos de acoso y violencias basadas en género”, sostuvo Romero Ramírez, aunque archivos de la Universidad Nacional de Colombia, describen medidas similares. 

El directivo añadió que “ese protocolo implica un procedimiento para la atención de estos casos, respetando el debido proceso, verificando la certeza de eso y protegiendo a las posibles víctimas. No es un tema para tratarlo públicamente, debemos hacerlo con toda la reserva”. 

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EL PROBLEMA DE LAS PRUEBAS 

Pero las estudiantes señalan que “la ruta tiene muchos vacíos”, que no se sienten seguras “porque no le creen a las compañeras que no tienen pruebas y les hacen presión para que se retracten, o sea, terminan revictimizadas”. 

Por su parte, el rector aseveró a esta casa editorial que se aceptan todos los medios probatorios: “Seguramente no hay un video, pero puede haber un chat, un testigo o los antecedentes mismos del docente. Hay que contar con las pruebas suficientes”. 

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LO QUE DICTA LA LEY COLOMBIANA 

La Corte Suprema de Justicia indica que la pretensión sexual puede ser expresada de diversas maneras, es decir,  “con lenguaje verbal o no verbal; de forma directa  expresada como una propuesta o solicitud, pero también de forma indirecta, con gestos, miradas, ademanes, palabras escritas, con su lenguaje corporal, el tono y la ocasión”. 

Incluso, señala la Corte, “ante la revolución digital, es posible que nunca haya contacto físico entre víctima y victimario y aún así los teléfonos, cámaras, computadores, o realidades virtuales le permitan al acosador obtener satisfacción sexual”.

Por su parte, el Código Penal colombiano dicta que “aquel que valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años”. 

Por Redacción EL PILÓN.