Luego de que la Procuraduría Regional del Cesar lo sancionara en primera instancia con 10 años de inhabilidad tras imputarle el delito de fraude a resolución judicial, el diputado Julio Casadiego Navarro, oriundo del municipio de Aguachica, afirmó ante EL PILÓN que la decisión del Ministerio Público procede de una persecución que tiene la Administración Departamental y el grupo político del congresista conservador Alfredo ‘Ape’ Cuello en su contra, debido a las denuncias que ha realizado sobre la supuesta falsedad ideológica que hoy tiene al gobernador Francisco Ovalle ‘tambaleando’ en el Consejo de Estado, organismo que decidirá próximamente si su gobierno es o no legítimo.

EL PILÓN: ¿Cree que este fallo es una cuenta de cobro porque usted ha ido en contra de la Administración Departamental?

JULIO CASADIEGO: Sin duda alguna. Uno siente los ataques por las redes sociales pero no pensaba que de ahí iban a pasar, y no lo hacen personas directamente, porque nunca he escuchado que salga un secretario o dirigente político a decir que estoy equivocado a realizar un debate ante la opinión pública, pero el hecho de que Luis Arturo Aragón, que es un señor que nunca en la vida he visto, vaya a Cambio Radical tres días después del 25 de enero, día del incidente (presuntamente conducía ebrio su vehículo), se presente con todo el expediente del tránsito y yo duré 10 días hábiles solicitándolo, pero a este señor se lo dieron en tres, autenticado el 28 de enero en el Partido. No fue a Bogotá, eso lo sé, es un hombres de Valledupar pero dice que tiene algo personal conmigo porque yo usé su nombre para denunciar a unos diputados el año pasado en una elección, dice que yo en una parranda hablé de él, que le iba a hacer daño a su familia, entonces va al Partido, presenta la queja, luego la interpone en la Procuraduría, de ahí se atreve a presentar un escrito argumentando que una funcionaria de la Procuraduría le estaba ofreciendo dinero a unos testigos para favorecerme cuando no tengo cercanía con la Procuraduría, créanme que soy muy respetuoso de llegar donde alguien a decirle que me colabore.

¿En qué consiste el delito por el que se le acusa?

La procuradora regional, María Antonia Orozco Durán, no me sanciona por ir ebrio, sino que dice que yo iba conduciendo –de lo que no tiene ninguna prueba- y por ende incumplió el fraude a resolución judicial, entonces trae un acto administrativo del tránsito, es una contravención porque las resoluciones judiciales las emiten los jueces en los tribunales, iba conduciendo mi esposa y el tema está de la siguiente manera, que además de esa resolución, llega y hacen una contravención como si fuera una resolución, cuando el inspector de tránsito no es juez. Entonces si el fraude a resolución judicial fuera cierto, la procuradora tendría que compulsar copia a la Fiscalía porque ese es un delito penal y me tendrían que llevar preso, entonces si hiciera eso llega el fiscal y toma la resolución 0431 y se da cuenta que mediante una tutela esa resolución ya no existe en el mundo jurídico, pero la procuradora además de que le presenté la tutela, ayer (jueves) falla basada en esa resolución que ya no existe.

¿En qué se basa la procuradora María Antonia Orozco Durán para llegar a ese fallo?

Ella dice que deduce que yo iba conduciendo por unas entrevistas que hicieron los policías a unos taxistas. Una entrevista es un acto procesal, pero esa entrevista no está en el proceso. Yo le pregunto quién es el de la entrevista y me dice que el diputado Casadiego se estrelló contra un carro y sería primera vez en el mundo en que una víctima se desapareció, porque el que se desaparece es el que acciona un ‘carro fantasma’, pero que tú seas el que pegue y el que se pierda es a quien le pegaste, no es lógico. No hay croquis de accidente, no hay nada, simplemente ella se basó en una nota de EL PILÓN y de otros medios, un vídeo que dio vuelta y ahí armaron la acusación. Toda acusación tiene que estar comprobada.

En radio dio declaraciones fuertes señalando al congresista ‘Ape’ Cuello, ¿por qué estaría él detrás de su cabeza?

En lo que siempre he hecho énfasis es en que la señora procuradora María Antonia Orozco Durán es parte del equipo político de ‘Ape’ Cuello. Ella es hermana de Ernesto Orozco Durán, que abiertamente es miembro del grupo político del congresista, pero eso no es lo malo, lo que sí es malo es que ya un juez que tenga un vínculo directo con un grupo político, del que también hace parte los miembros del gobierno departamental y ‘Ape’ Cuello; para nadie es mentira que he sido opositor del gobierno, ahí los intereses son muy evidentes.

¿Es esto entonces un favor que le estarían haciendo al gobernador Francisco Ovalle?

Esto es persecución. Siento que la justicia ha sido manipulada, llevada a un plano personal, político; mi credencial tenía precio y hoy en el Cesar es un caso emblemático, prácticamente en que sin pruebas ni argumentos ya estoy inhabilitado en primera instancia por 10 años. Vamos a acudir a todas las instancias, haremos la apelación, voy a entrar con mis abogados penalistas para averiguar hasta qué punto puede haber un presunto prevaricato, porque servidor público que falle en contra de la ley está configurando un prevaricato por acción, y si aquí existía una tutela antes del fallo que le decía a la Procuradora que el Estado se equivocó y reconoció derechos a Julio Casadiego porque un acto de la administración lo estaba atropellado, entonces una Procuradora que ejerce un control disciplinario, que tiene la facultad de administrar justicia, uno esperaría que fuera garante constitucional y lógicamente hubiese tenido en cuenta el fallo la tutela que deja sin piso la resolución 0431, que me sancionaba y hoy no existe, pero esta Procuradora la tuvo en cuenta, entonces el afán desmedido siempre lo sentí, nunca sentí garantías sentado frente a la Procuradora.

¿Esto se podría relacionar con que el excandidato a la gobernación Arturo Calderón viene en un proceso en contra del gobernador Francisco Ovalle?

El 17 de marzo de 2016 presenté un derecho de petición en silencio al partido Cambio Radical solicitando la carta de renuncia del señor Francisco Ovalle Angarita y ellos me certificaron un documento. Luego, cuando conozco la demanda que interpuso Arturo Calderón en contra del gobernador me doy cuenta que no es la misma carta que me certificaron a mí, que tiene el mismo contenido pero no tiene la firma de quien recepcionó el documento ni la hora, y desde ahí empecé a investigar. Solicité en otro derecho de petición que me certificaran el libro del 10 de abril de 2014 que era la fecha que supuestamente había renunciado Francisco Ovalle Angarita, pero no aparece en el libro de radicado. Luego pedí información acerca de quién era Tatiana Carreño en el partido Cambio Radical, dijeron que para el 10 de abril ella no trabajaba allí y todas esas pruebas las hice públicas. Que las haya utilizado Arturo Calderón, está en su debido derecho porque son temas legales, la verdad siempre debe florecer y está por encima de cualquier interés personal y político, entonces Arturo Calderón usa estas pruebas, las hace llegar al proceso y son las pruebas contundentes que hoy tienen en juego acusado de falsedad al Gobernador del Cesar, porque evidentemente esa carta nunca llegó al Partido Cambio Radical y hoy estamos pagando el costo de haber encontrado esa verdad y hacerla llegar al proceso de Arturo Calderón, lamentablemente usan la justicia para manipularla, no son todos los funcionarios de los entes de control, pero sí algunos se prestan para hacer mandados y hacer lenta la justicia, pero soy creyente de ella y vamos a salir absueltos de este proceso de la Procuraduría y todos los que están en mi contra, como el que tengo en el Tribunal.

¿Cree usted que hay garantías para la oposición?

En el Cesar no existen garantías para la oposición, ese es un derecho fundamental que es protegido por la Constitución. El hecho de pensar y opinar diferente debe ser protegido y hoy sentimos desde el inicio de todo esto que hasta se atrevieron a intimidar a través de un sufragio que fue denunciado en la fiscalía el 29 de marzo; el sufragio llegó hasta la puerta de mi casa y dice en recortes de periódico “Sigue hablando sapo hijo e puta” y esto no ha sido motivo para amedrentarnos. Le exigimos a las autoridades que estudie el caso, están en juego unos intereses económicos, para nadie es mentira que la Gobernación del Cesar costó y que un diputado encuentre que los denuncie, lógicamente no trae buenas consecuencias, pero confío en que nada nos va a pasar, pero sí debería el Estado brindar protección.

Según el diputado, la Procuradora Regional erró al acusarlo del delito de fraude en una resolución judicial que ya no existe puesto que fue ‘tumbada’ mediante una tutela.

Por Jennifer Del Río Coronell
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