Al analizar las herramientas jurídicas y las distintas entidades que el Estado Colombiano tiene para garantizar los derechos humanos de sus habitantes, es fácil llegar a la conclusión que en este país debería reinar la armonía y la justicia social en todos sus niveles. Sí, así es, debería.

Tenemos un país con una Constitución Política muy bien inspirada, con un amplio conjunto de leyes y un aparato estatal que en teoría parecería perfecto, para vivir en un paraíso.

Si bien es cierto que las leyes y las reglas la hacen los humanos para los humanos, también es verdad que es la misma sociedad, o quienes la dirigen, la encargada de distorsionar los buenos propósitos en que está basado el ordenamiento jurídico de su país.

No se necesita ser abogado graduado para entender que en teoría Colombia es un país que logró plasmar en su Constitución Política y en su sistema de gobierno la idiosincrasia y los valores de un pueblo que apunta a unos mejores niveles de desarrollo y civilización.

Casimiro García Abadillo, un columnista del periódico El Mundo de España, al comentar los alcances de la Constitución Política de ese país, decía que “la clave hay que buscarla en nuestros políticos, no en la sociedad, ni en los ciudadanos”.

Esa apreciación resume en gran medida lo que en realidad se practica en contraste con lo que se predica en la Carta Magna, refleja un pueblo manipulado por la dirigencia política de turno. No obstante, en Colombia tenemos los instrumentos legales necesarios para lograr una sociedad equitativa y moderna.

En Colombia el problema somos las personas y más aquellas que han tenido la oportunidad de dirigir las instituciones del Estado, eso está más que demostrado, si todos respetáramos e hiciéramos respetar el orden que demanda nuestra Constitución y las leyes contaríamos con un mejor país.

En nuestro país, la familia, como base fundamental de toda sociedad ocupa espacios y lugares relevantes en el conjunto de aspectos que definen la composición del  Estado colombiano, en especial todo lo que propende por el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. De verdad uno se emociona leyendo tanta bondad en el Código de la Infancia y la Adolescencia.

Pero no, la realidad es otra, sólo tenemos que salir a las calles para mirar tanta injusticia y desolación. Peor aún, si nos adentramos en el corazón de los hogares más vulnerables de nuestro pueblo, esa emoción que sentimos leyendo el Código de la Infancia y la Adolescencia se nos convierte entonces en una profunda tristeza. Ni para qué entrar en detalles, se los dejo a su imaginación.

Creo que además de sentir tristeza lo que deberíamos experimentar debería ser una gran vergüenza, porque cada uno de nosotros de una u otra forma somos culpables. ¿Si tenemos todos los instrumentos que nos brinda el Estado por qué no los hacemos valer?

Y que mejor la coyuntura que se avecina, la del posconflicto. Es la gran oportunidad que tiene el Gobierno Nacional para repotenciar la institucionalidad en torno a todo el tema social, es el momento para elevar a su máxima expresión a entidades como el ICBF, es esta institución la llamada a fortalecerse en todos los aspectos, de seguro la próxima década será de mucho bienestar familiar si se afronta con toda la responsabilidad política que implica este enorme reto.
Entre tanto, ha llegado la hora de comenzar un proceso encaminado a que nuestras comunidades tomen conciencia y se apropien de todas las bondades que nos brinda el Estado colombiano, ahí están, sólo hay que hacer uso de ellas, esa es la clave.

Por Oscar Martínez Ortiz