La cifra de asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos aumenta cada vez más. Así lo registra el informe sobre la situación en los territorios, presentado en el mes de mayo por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Marcha Patriótica y la Organización Cumbre Agraria, en el que se señala que entre enero y mayo de este año se presentaron alrededor de 98 casos.

En el último mes la cifra aumentó, pues en lo que va de julio siete líderes sociales fueron asesinados en Colombia. Aunque en el Cesar durante el 2018 no se han registrado muertes, sí ha habido amenazas contra esas personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos. Por tal motivo y ante el incremento en los ataques violentos y amenazas contra líderes, Valledupar se sumó a la manifestación nacional con la ‘Velatón’.

EL PILÓN habló con Guillermo Pérez Rangel, representante de la Asociación de Campesinos y Comunidades sin Tierra en el Cesar y de la Mesa de Derechos Humanos y Territorios para conocer la situación de estas personas en el departamento.

EL PILÓN: En los últimos días se han registrado varios asesinatos de líderes sociales en otras regiones del país. ¿Cómo viven ustedes esta situación?

Guillermo Pérez: Preocupados. La situación se está agudizando y en lo que va corrido desde la firma del acuerdo de paz hasta hoy, han sido asesinados 257 líderes. Nos preocupa el aumento en el último mes porque Colombia está viviendo una transición política, un cambio de Presidente, una recomposición del Congreso; pero a medida que esos cambios políticos se van dando se van agudizando las disputas territoriales por grupos armados en las regiones que dejan a los líderes en medio. Mientras que el Estado no está brindando las garantía necesarias para la protección.

EP: Ustedes se sumaron a la ‘Velatón’ nacional, ¿qué querían lograr?

GP: Llamar la atención de la opinión pública nacional e internacional, decirles que aquí estamos luchando por la vida, La ‘Velatón’ era encender una vela por la vida y el rechazo a la muerte; decirle a los amigos de la guerra que no tenemos miedo.

Nosotros hemos perdido tanto que ya hasta el miedo lo perdimos, y por eso no nos vamos a esconder y vamos a seguir luchando para que haya paz pero con justicia social.

EP: ¿Cómo está la situación de líderes sociales en el Cesar?

GP: Por fortuna este año en el Cesar no hemos registrado muertes, pero si una constante amenaza de todo tipo. Pero hay otra situación muy particular y sobre todo en el centro y sur del departamento, donde hay una estigmatización al liderazgo social por parte de la fuerza pública. Hemos registrado 22 casos de líderes campesinos de la Serranía de Perijá que han sido capturados acusándolos de pertenecer a organizaciones armadas al margen de la ley, usando una modalidad que llamamos falsos positivos judiciales donde se consiguen unos supuestos testigos, les pagan para que acusen a estos líderes que llevan a la cárcel, pero después esos testigos no se presentan en las audiencias y los campesinos quedan en libertad, pero ya el daño queda hecho y marcado el nombre de esas personas y eso hace que la gente en los territorios tenga miedo de salir a hacer reclamaciones de sus derechos.

EP: ¿Temen que se vuelva a repetir el despojo del pasado?

GP: Tememos eso. Mucha gente con la que hablamos dicen que eso nada más está pasando en otras regiones; pero si recordamos en el pasado también empezó allá y nosotros lo veíamos por televisión; pero después comenzaron a matarnos a nosotros y los que estamos echando el cuento es porque contamos con suerte, y hoy cuando regresamos al territorio a tratar de recuperar nuestra identidad, vuelven y se repiten las cosas.

Estamos regresando a una época de oscuridad, la cual pensamos que no íbamos a volver.

EP: ¿Cuál es el llamado que hacen al Estado?

GP: El llamado es al Gobierno Nacional, Ministerio del Interior, a la Alta Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, al Gobernador del Cesar a que implementen garantías reales de protección. No medidas policivas: un chaleco, un escolta, un carro blindado, eso no nos garantiza nada.

EP: ¿Cuáles son esas garantías que están solicitando?

GP: La persecución del delito, que la Fiscalía persiga y lleve a recaudo de la justicia a las personas que están perpetrando estos actos; no al sicario, no al mensajero sino a los actores intelectuales, pero también hemos venido exigiendo el reconocimiento político de los líderes sociales, protección política y se nos reconozca como unos actores civiles que incluso estamos cumpliendo una función de Estado, porque lo que nosotros estamos haciendo lo debería hacer el Gobierno en los territorios y no lo hace. Que se reconozca a los que ejercemos la oposición política al Gobierno, como opositores y no como enemigos.

Para el Cesar hemos venido solicitando desde la Mesa de Derechos Humanos y Territorios la instalación de la Mesa Departamental de Garantías para Defensores. Ha habido toda la disponibilidad de parte nuestra, el acompañamiento por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, incluso desde el Ministerio del Interior nos han mostrado su interés pero no ha habido voluntad política de parte de la administración departamental y eso nos tiene en el limbo porque no hay un espacio propio donde podamos sentarnos a discutir medidas de garantías y protección.

EP: ¿Qué temas han tocado los líderes sociales en el Cesar para ser objeto de amenaza?

GP: Hay temas sensibles como la restitución de tierras, la oposición a los grandes proyectos de extracción minera, hemos denunciado atropellos de la Fuerza Pública con los campesinos de Perijá; hemos hecho un análisis y sobre todo se está atacando a esos líderes sociales defensores del territorio que estamos diciendo aquí estamos y aquí nos quedamos.