Por:  Luis Elquis Diaz

Las Teorías Socioeconómicas del Socialismo y el Capitalismo, son en su estructura conceptual y operativa antagónicas, pero leoninas en el desarrollo de sus acciones. También comparten las mismas connotaciones cuando presentan mutaciones en aras de incursionar en el ámbito sociopolítico matizando sus consideraciones sin perder la esencia de sus propósitos.

 La corriente Político Económico del Neoliberalismo propende por la reducción de la intervención del Estado en materia económica y social, priorizando el Libre Mercado para garantizar el equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país. Esta forma técnica de encarar el funcionamiento de un gobierno es la misma que ambicionó implementar el fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías.

Los críticos de las Corrientes Socioeconómicas se amparan en la concepción ideológica, centrando el pugilato en la defensa de los intereses de la sociedad y del capital con una serie de conceptos Macroeconómicos que dan origen a la Tecnocracia.

Los Estados del mundo pueden adoptar políticas Socioeconómicas constantemente en virtud de la fluctuación financiera y comercial. Desafortunadamente las mayorías de las decisiones opacan la jerarquización de los Estados en beneficio del capital. Sobre estos casos son abundantes los ejemplos en nuestra nación.

En particular menciono la venta de las Electrificadoras de la Región Caribe por más de 3.000 millones de dólares. En este negocio se privilegió el capital privado, el Estado desvalorizo su importancia asumiendo incapacidad para administrar sus bienes creyendo que en manos del sector privado seria eficiente la prestación del servicio. Actualmente la evidencia demuestra la problemática existente entre el accionar monopolista de Electricaribe y los usuarios, no obstante a la concepción del Libre Mercado y la Competencia Perfecta.

El Representante Juan Manuel Campo, ha venido liderando esta situación llevándola al plano Legislativo y popularizando la problemática para que la ciudadanía participe en la solución. Esta iniciativa del representante confirma que el Estado no puede ser inferior a sus compromisos constitucionales, prevaleciendo la defensa del Interés General, no obstante a que la estructura financiera de las empresas prestadoras de servicios públicos tenga origen en el capital privado.

En consonancia con esta situación el Alcalde de Valledupar Fredy Socarrás Reales, luego de observar y certificar el comportamiento paquidérmico de las Concesiones de Transito y Amoblamiento Urbano decidió dar por terminado la suscripción de ambos contratos.

La ciudadanía de Valledupar recibió complacida la decisión del Alcalde, sin embargo, a partir de ahora es menester demostrar que bajo la tutela de la Administración Municipal los resultados serán eficientes y satisfactorios para los habitantes de la ciudad.

En lo referente a Amoblamiento Urbano es pertinente organizar las Juntas Administradoras Locales y de Acción Comunal, para que participen en el diseño de los Planes Locales en concordancia con el Plan de Desarrollo del Municipio en lo concerniente con la administración de los parques de la ciudad.

En ese orden el Estado no puede desconsiderar el capital privado siempre y cuando signifique desarrollo cualitativo; de nada sirve su incursión si las consecuencias son incongruentes con el principio del interés general y consecuente con el asistencialismo admitido por la gente mientras los ampara el período de tranquilidad, inobservando los efectos personificados en las concesiones, licencias de explotación de recursos no renovables y los daños ambientales.