La Alcaldía de El Copey, en cabeza de Francisco Meza Altamar, está a la espera de que se realice una nueva inspección en el predio donde se construye el cementerio alterno municipal, con el fin de determinar si todavía se evidencian restos de posibles víctimas de desaparición forzada y ‘falsos positivos’. 

La diligencia la realizará un grupo de apoyo técnico forense, que por decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, busca confirmar si el predio es de interés para esclarecer hechos registrados en el marco del conflicto armado.    

De igual manera, pretenden que se defina con exactitud la georreferencia del lugar donde encontraron los primeros restos de posibles víctimas del conflicto, hallados en el mes de julio del 2020, cuando el terreno estaba siendo adecuado para ser un camposanto en donde iban a sepultar personas muertas por coronavirus. 

Por su parte, el alcalde del municipio considera necesario que el proceso termine prontamente, para poder finiquitar las construcciones en el predio y solucionar la problemática de no tener dónde sepultar a sus muertos. 

“Soy respetuoso del dolor ajeno como víctima del conflicto armado, ya que fui uno de los primeros desplazados del municipio; pero también del clamor de la sociedad civil y de la justicia, esperamos que la Jurisdicción Especial para la Paz tome una decisión final y nos aclare cuál es el sitio de interés, para así poder continuar con el proyecto y definitivamente darlo por terminado”, manifestó Francisco Meza.  

Las primeras medidas decretadas por la JEP fueron emitidas a finales del mes de julio de 2020, con el fin de conservar los restos de las personas no identificadas o no reclamadas en el lote. La decisión respondió al llamado que realizó la Comisión Colombiana de Juristas, a raíz de un video que se propagó por las redes sociales sobre la vulnerabilidad en la que estaban las estructuras óseas.

En el vídeo, un ciudadano mostraba los huesos expuestos y en peligro de desaparecer, mientras que unos trabajadores buscaban adecuar el terreno para habilitarlo como un cementerio.

Este motivo generó una alarma desde la capital del país, por un informe que la CCJ entregó ante la JEP el 7 de marzo de 2019, en la que recaudó información de 23 hechos de ejecuciones extrajudiciales en esta zona del departamento del Cesar.

Entre las víctimas estarían Oscar Alexander Morales Tejada, Octavio Bilbao Becerra y Germán Leal Pérez, quienes se presume, reposan en el terreno desde el 16 de enero de 2008. Los cuerpos de estos hombres aparecieron en una carretera destapada en zona rural de El Copey, después de supuestamente ser asesinados por miembros del Batallón de Artillería Nº2 La Popa, adscritos a la Décima Brigada Blindada del Ejército Nacional. 

LA OTRA PROBLEMÁTICA

El problema es que la población necesita un nuevo cementerio, porque el actual no cuenta con espacio para recibir cuerpos. Además, se encuentra localizado en pleno centro urbano, en un área de uso de suelo no permitido para esa actividad, con el agravante que está rodeado de viviendas dentro de la misma manzana; lo que constituye un enorme riesgo sanitario y ambiental e incumple lo contenido en el artículo 35 de la Resolución 5194 de 2010.