El cese de operaciones de la poderosa multinacional Prodeco ha dejado a cientos de personas sin empleo, y junto al covid-19 y la caída de las exportaciones, tiene a la gran minería de este departamento en una profunda crisis. La bonanza, en vez de sembrarse, terminó por despilfarrarse y promover la corrupción.
Desde marzo de 2019, el enclave minero del departamento de Cesar empezó a sentir, poco a poco, los efectos inquietantes de una enfermedad silenciosa. Varias minas, entre ellas las de las gigantes multinacionales Prodeco, CNR, y Drummond, entre otras, comenzaron a sacar menos carbón en las poblaciones de Agustín Codazzi, Chiriguaná, El Paso, Becerril y La Jagua.
Estadísticas de la Cámara de Comercio de Valledupar muestran que la economía de la zona ya sentía el frenazo de la producción carbonera, que aporta casi la mitad del PIB de la región, estimado en unos 21 billones de pesos para 2019. La situación se agravaría un año después, en marzo de 2020, cuando el país adoptó cuarentenas obligatorias para contener la pandemia del covid-19. Eso llevó a que varias alcaldías y la ciudadanía del corredor minero del Cesar pidieran suspender la explotación carbonífera para frenar los contagios.
