Colombia vive un conflicto armado desde hace medio siglo y este ha tocado también a instituciones educativas, estudiantes y docentes, así como a las comunidades en general. Las consecuencias para los niños, niñas y adolescentes son graves; según el Registro Único de Víctimas, entre 1985 y noviembre de 2018, 7.585 menores de edad en el país han sido víctimas de reclutamiento por algún grupo armado ilegal.
También indica el Registro Único de Víctimas, que entre 1985 y noviembre de 2018, en el Cesar se registraron 125.726 niños, niñas y adolescentes víctimas de hechos relacionados con el conflicto armado, tales como reclutamiento, secuestro, homicidio, desplazamiento, minas antipersonal, desaparición, entre otros.
Según el estudio “Caracterización de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados al margen de la ley y bandas criminales entre 2007 y 2013 en Colombia”, el 56 % de los niños y niñas que fueron víctimas de reclutamiento estaban cursando un grado de primaria. De allí, parte la importancia de que el Gobierno colombiano ratificara su compromiso con la educación al firmar la ‘Declaración de Escuelas Seguras’, con la que se compromete a dar un apoyo político amplio a la protección y a la continuidad de la educación como derecho, en contextos de conflicto armado; a la importancia de promover una educación protectora y protegida para todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y a la aplicación de las Directrices para Proteger Escuelas y Universidades del Uso Militar durante el Conflicto Armado.
