El pasado miércoles inició la intranquilidad de los propietarios de 322 predios en todo el país, que serían investigados por orden de la Contraloría, lo cual generó una polémica que luego se acalló con publicaciones de un presunto error. Se trata de una información emitida por un funcionario de la Contraloría, mas no por el Contralor General de la Nación.
Como era de esperarse, el senador Álvaro Uribe Vélez, quien se vio involucrado junto a otros políticos más, señaló la información del ente de control como un ataque de la izquierda, donde enlodaban su nombre y el de otros propietarios de predios rurales que figuraron en la lista de vinculados a terrenos que la Ley 160 de 1994 estipula como ilegales.
Antes de afirmar si la investigación sobre los 322 predios, es viable o no, cabe precisar que hay dos escenarios con una línea de tiempo que dividen las etapas de legalidad e ilegalidad. Así lo afirmó Rubén Darío Carrillo, miembro de la Lonja Raíz de Valledupar, quien recordó que con la Ley 160 (por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones), cambió el tratamiento de los baldíos nacionales, que son tierras del Estado.
