MADRID (AP)
El gobierno español exigió ayer a Venezuela que respete el funcionamiento de su justicia e insistió en que el gobierno de Hugo Chávez debe aclarar el supuesto apoyo brindado a la alianza entre el grupo vasco ETA y la guerrilla colombiana de las FARC.
En tanto, el presidente colombiano Álvaro Uribe, sostuvo que no se puede culpar al gobierno y el pueblo venezolanos por los actos de algunos funcionarios
Hasta el momento, Chávez ha descalificado todas las acusaciones, que enmarcó en una campaña internacional para desprestigiar su gobierno, pero no ha anunciado la apertura de una investigación para depurar responsabilidades.
La tensión entre los dos países sigue en el plano de las palabras y los discursos, ya que España, hasta la fecha, parece dispuesta a preservar sus relaciones diplomáticas con el país sudamericano.
La vicepresidenta española María Teresa Fernández de la Vega explicó que siguen esperando la cooperación de Venezuela, pero que el gobierno español todavía ha hecho llegar el auto judicial a Caracas por los cauces diplomáticos formales.
De la Vega dijo que sí les han detallado el contenido de los señalamientos y los supuestos planes de la ETA y las FARC para atentar en Madrid contra el presidente colombiano Álvaro Uribe y su antecesor en el cargo Andrés Pastrana.
En Bogotá, Uribe expresó que hay que diferenciar entre la actuación de unos funcionarios de Caracas y de la del “hermano pueblo venezolano”.
Pero hizo énfasis en que “todos los gobiernos tenemos que luchar contra el terrorismo y la criminalidad” porque “uno no se puede negar a investigar o a que se investiguen unos funcionarios que pudieron haber estado envueltos en actividades de terrorismo”.
El juez Eloy Velasco procesó a seis activistas de ETA, refugiados en América Latina, y siete de las FARC por varios delitos de terrorismo y pidió su encarcelamiento y extradición a España.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo de España, que agrupa al mayor número de familiares de las más de 825 personas asesinadas por ETA, pidió ayer al gobierno que impida a Chávez asistir a la próxima Cumbre Unión Europea-América Latina-Caribe, que tendrá lugar en Madrid en mayo.