La eterna discusión sobre la inseguridad, como cuestión de percepción, nunca termina. Así quedó demostrado en el reciente debate realizado por el Concejo de Valledupar sobre el orden púbico en la ciudad, donde representantes de Policía, Alcaldía y Fiscalía mostraron los resultados del gran esfuerzo que hacen, mientras que la comunidad y sus voceros contaron la difícil situación que palpan en las calles.

No hay dudas de que la percepción de inseguridad aumenta cuando se conocen casos en redes sociales, como el del pasado jueves en el barrio Cañahuate, donde una mujer de 83 años de edad atacó a escobazos a un atracador que sin mayor problema huyó con el bolso que le acababa de quitar a la hija de la anciana. Sin embargo, no se deben tomar estas situaciones como un problema de sensacionalismo o terrorismo mediático, como lo señalan algunos funcionarios públicos, pues en realidad las redes sociales son un indicador de una cruel y compleja realidad.

¿Podemos decir que Valledupar es una ciudad insegura? Para la respuesta hay un debate muy amplio, porque cada día se confrontan con mayor vehemencia los análisis favorables que esgrimen Policía y Fiscalía, contra las opiniones de los ciudadanos que están expuestos a la delincuencia.

¿Percepción o realidad? Lo cierto es que hay más de 400 hurtos a personas, registrados ante las autoridades competentes en lo que va del año en Valledupar, pero no todos denuncian, por lo que siempre hay un subregistro que caldea la discusión para responder dicho interrogantes.

Consideramos que el análisis de las estadísticas que cómo la tasa de criminalidad está bajando, no concuerda con la realidad que se está viviendo. Reconocemos que la Policía hace un gran esfuerzo, la alcaldía también y ni se diga de los ciudadanos, pues ninguna persona quiere que la atraquen.

Y como la mayoría de atracos se cometen en motos, hay que ser más compresivos con los controles que se hacen a la circulación de estos vehículos. A los ciudadanos que utilizan motocicletas les molesta que la Policía los detenga para requisarlos, una situación que incomoda, pero que debe ser aceptada como parte del cúmulo de estrategias de las autoridades contra la delincuencia.

Aunque este mes la Policía pasó de 30 a 52 cuadrantes y vemos más uniformados en la calles, la ciudadanía se sigue sintiendo expuesta a los delincuentes armados porque no cesan los hurtos.

En ese sentido, la gran solución que durante años se ha pregonado es que para mayor seguridad se requiere más pie de fuerza, pero expertos aseguran que eso no es suficiente, porque en la solución hay otros componentes sociales, de educación y de justicia para reforzar.

En todas las discusiones sobre seguridad, y la del Concejo de Valledupar no fue la excepción, salen a relucir las fallas estructurales del sistema de justicia, que permite a los atracadores que en vez de celdas, tengan un torniquete de acceso y salida en los centros de detención y llevan una vida criminal sin mayores dificultades. En el aspecto social se ha recalcado la necesidad de una mayor formación en ética y valores, que debe primar en los hogares y que debe ser reforzada en la escuela.

En fin, la responsabilidad constitucional de la seguridad y sana convivencia es del Estado, pero si no hay compromiso y participación de todos los actores sociales los esfuerzos no serán más que escobazos contra este problema galopante.