Ecuador padece diariamente hasta 10 horas de racionamiento del servicio de energía. Esa película ya la vimos, se rodó en Colombia hace 32 años, cuando sufrimos los rigores de un racionamiento similar, que se extendió por espacio de 14 meses entre los años 1992 y 1993 (343 días, entre 9 y 10 horas de racionamiento, 15 % de la demanda). Allá se está reeditando.

La causa raíz de cuanto acontece en Ecuador es muy similar al caso colombiano: 1) dependencia en un 79 % de la generación hídrica (Colombia 80 %). 2) atraso en la ejecución de los proyectos de generación y transmisión debido a la estatización del sector y a la falta de espacio fiscal (en Colombia absorbía el 45% de la deuda pública) para las inversiones requeridas. 3) de 3.000 MW capacidad instalada de generación térmica, solo 700 MW están operativos por obsolescencia y falta de mantenimiento por falta de recursos. 4) las tarifas las fija el ejecutivo, sujeta a consideraciones políticas y no técnicas. 5) entonces como ahora, la sequía sirvió de detonante del apagón ya que, parodiando a Warren Buffet, podemos decir que cuando el nivel del agua en los embalses baja es que se sabe ¡quién venía nadando desnudo!

Como antecedente de la calamidad, que significó para el país el apagón, es importante destacar que entre los años 1990 y 1991 se adelantaron varios congresos internacionales sobre la energía, en los cuales se empezó a ventilar la necesidad de una reforma del Sistema, constituyéndose en el catalizador que la hizo posible. De allí que la expedición de las leyes de servicio público (142 de 1994) y eléctrica (143 de 1994), que son hermanas siameses, fueran su respuesta y asimilaron las lecciones aprendidas del mismo.

El paso más importante ya lo había dado la Constituyente de 1991, al establecer en el artículo 365 de la nueva Constitución Política que, aunque es el Estado quien debe garantizar la prestación de los servicios públicos, también lo pueden prestar las “comunidades organizadas o los particulares”. Ello se tradujo en una inversión por parte de los privados de $140 billones, aproximadamente, en los últimos 30 años. La capacidad instalada de generación pasó de 8 GW en 1995 a 21.3 GW en 2024, para un incremento del 266%. La cobertura pasó del 70.9% en 1990 a 98.72% en 2023. Y el número de usuarios pasó 4.4 millones 1990 a 17.7 millones en 2023.

El Estado se reservó, además, su función reguladora, prevista en el mismo artículo 365 de la Carta y la vigilancia a través de la Superintendencia de servicios públicos, la única de rango constitucional. La de Ley de servicios públicos le dio vida a las comisiones de regulación, entre ellas la Comisión de regulación de energía y gas (CREG).

Gracias a esta institucionalidad, Colombia ha podido soportar y resistir los embates del fenómeno de El Niño y se muestra como el único país en Latinoamérica que no ha tenido racionamiento en los últimos 30 años. No obstante, hoy estamos enfrentados a un riesgo de racionamiento, pero por razones diferentes a las de antaño: la crisis financiera de las empresas comercializadoras de la energía, la escasez de gas natural, pero sobre todo la estrechez de la oferta de energía que le resta margen de maniobra al Sistema en momentos en los que los embalses de las hidroeléctricas siguen sin recuperarse satisfactoriamente.

Amylkar D. Acosta M