La crisis en Venezuela se agudiza día a día. Después de que el Tribunal Supremo y distintos jueces, controlados por el chavismo, impidieran realizar un referendo revocatorio contra Maduro, la Asamblea Nacional anunció un juicio contra el Presidente. El miércoles millones de opositores se tomaron las calles. El viernes hubo huelga general. El mismo día, Maduro anunció prisión para los diputados si lo enjuiciaban.

Recordemos los antecedentes: bastó con que a fines del año pasado la oposición ganara abrumadoramente el control del congreso venezolano para que el “socialismo del siglo XXI” perdiera la careta. De inmediato, y en contra del orden jurídico, reemplazó unos magistrados del máximo tribunal de justicia con militantes chavistas, y desde ahí y desde el Consejo Nacional Electoral, también controlado por sus militantes, han saboteado una y otra vez a la Asamblea y han hecho inútiles las millones de voces ciudadanas que quieren la revocatoria del mandato de Maduro. Primero anularon la elección de unos diputados para atenuar el impacto de la mayoría calificada obtenida por la oposición. Después autorizaron a Maduro un régimen de excepción y a gobernar por decreto en contravía de la decisión de la Asamblea. Más adelante le cercenaron sus competencias de legislación y control a ese mismo congreso. Finalmente han hecho imposible realizar el referendo revocatorio: significaría el fin del chavismo del poder.

Por mucho que tenga una apariencia de legalidad, lo de Venezuela es un golpe de Estado. Desde adentro, pero un golpe de Estado. Este se produce no solo cuando uniformados o civiles con su apoyo asaltan el poder, sino cuando hay una ruptura del orden constitucional y democrático y se desconoce la soberanía popular expresada mediante el voto. Esa ruptura y ese atentado a la democracia pueden hacerse, como en el caso venezolano, desde el gobierno.

Así como el triunfo del No es una oportunidad para unir al país y renegociar con los violentos, hay que decir con todas las letras que desconocer de facto la voluntad popular manifestada en el plebiscito sería una quiebra radical del orden constitucional y un ataque devastador a la democracia. En una democracia la voz de la mayoría expresada en las urnas se respeta, sin importar el margen de la victoria.

No dudo de que hay profundas diferencias entre Maduro y Santos. Pero como vienen las cosas, también hay similitudes: manipulación y modificación de la Constitución y la ley en beneficio de sus objetivos políticos, presión a los organismos judiciales, estigmatización y persecución a los opositores y judicialización de la política, uso del presupuesto nacional como si fuera propio y con fines partidistas y, ahora, el conejo que se asoma al plebiscito. A estas alturas, Santos debe demostrar que es en verdad un demócrata.

Por Rafael Nieto Loaiza