La mala prestación del servicio de salud es un problema nacional, que ya ha echado raíces y ha penetrado el corazón de las entidades que deben velar por la protección de los derechos humanos de la comunidad. La gente se muere esperando que una EPS (entidad prestadora de salud), bien sea del régimen contributivo o del subsidiado, emita una orden de traslado a una clínica de mayor nivel, o aprueba la solicitud de un examen o un medicamente no incluido en el Plan Obligatorio de Salud –POS-.

La actitud de los organismos de control y de los entes creados para tal fin, como la Superintendencia de Salud, es permisiva y dadivosa con las EPS. Les da lo mismo que una persona muera antes de llegar las órdenes para los exámenes, la cirugía o el traslado. En el país, cada mes se contabilizan más de 15 tutelas que buscan la reivindicación de los derechos de un paciente y en el Cesar esa cifra también es alta.

La semana anterior el Personero de Valledupar, Alfonso Campo Martínez, hizo un llamado a las EPS para que cumplan las decisiones de la Corte Constitucional, que favorecen a los usuarios. No es cualquier orden. Pero aun así las entidades prestadoras de salud hacen caso omiso a estas, prefieren sus representantes pagar cárcel por incumplimiento que darle lo que se merecen los usuarios, que no es más que reconocer sus derechos.

El llamado o la invitación del Personero Municipal es un gesto de buena fe y a su vez se ve como si estuviera arando en el mar. Se le reconoce su esfuerzo e intención, pero no sólo basta con pedirles que cumplan las órdenes de la Corte Constitucional, sino empoderar a los usuarios de sus derechos, que no deben ser vulnerados más. El Ministerio Público está preocupado y hace llamados ingentes a las empresas de salud (por no decir negocios de salud) “para que no continúen desacatando los fallos judiciales que los obligan a cumplir con sus obligaciones, actuaciones que atentan contra los derechos a la salud y a la vida de las personas”.

Son conocidos los casos, documentados por la Corte Constitucional, en los que las EPS han desconocido jurisprudencias que fallan a favor de familiares de adultos mayores y menores con discapacidad, negándoles entregas de pañales desechables, sillas de ruedas y suplementos vitamínicos, además de la prestación del servicio de transporte. Lo que preocupa es que si ya existen jurisprudencias que así lo deciden, porque un paciente o usuario debe hacer todo el recorrido jurídico nuevamente para que terminen diciéndole que eso ya tiene una sentencia que cobija a todos los usuarios. ¿Es un juego de las EPS para demorarle más la atención a sus pacientes? No es justo que personas de la tercera edad y niños deban someterse a los caprichos de las entidades de salud, que los ponen a girar en círculos hasta que ellos deciden cuándo les prestan el servicio que requieren. No hay derecho.

El Personero Campo se ha echado a cuestas este calvario y si ya comenzó, no vaya a desfallecer. Como dice el refrán popular, estas empresas deben sentir “su resuello en la nuca”. Los seguimientos estrictos a los casos en Valledupar, donde se concentra el mayor número de usuarios desatendidos y urgidos de una buena prestación del servicio de salud, son claves. Las EPS tienen los recursos humanos y económicos para hacer bien su trabajo, pero priman los intereses económicos de sus socios, aun atropellando los derechos de los demás.