Al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, conocido como ‘La Picota’, deberán ser trasladados los guardias del Inpec señalados de corrupción en  ‘La Tramacúa’ de Valledupar. El boleto de encarcelamiento corrió por cuenta del Juzgado Primero Penal Municipal con función de Control de Garantías Ambulante durante la finalización de las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento. 

La medida cobija a Edgar Martínez Arias, Fabián Cangrejo Castillo, Wesly Palacio Mena, Andrey Durán Sánchez, Andrey Durán Sánchez y Jaime Herrera Flórez, quienes están privados de la libertad en las instalaciones de la Fiscalía de la capital del Cesar. Mientras que el dragoneante Herney Novoa Martínez fue enviado a la cárcel El Cunduy, de Florencia.  

La juez consideró que no podían ser enviados a la Cárcel Judicial porque allí se encuentran dos testigos del ente investigador que también son merecedores de protección; y tampoco podían estar en ‘La Tramacúa’ por haber laborado allá. Precisó, además, que la Fiscalía Primera Especializada, adscrita al Gaula Cesar, mostró suficientes elementos materiales probatorios que daban cuenta de la inferencia razonable sobre las circunstancias investigadas. 

Entre esos están los análisis de interceptaciones de llamadas telefónicas, el testimonio de varios reclusos y la declaración de un dragoneante que está privado de la libertad por similares hechos. Este último fue capturado el pasado mes de agosto junto a 10 personas, por aparentemente dedicarse a la extorsión en el departamento del Cesar.  

Además, en un interrogatorio realizado el 11 de julio de este año, confesó la manera cómo aparentemente actuaba con los compañeros para permitir el ingreso de droga, licor, celulares y sim cards a ‘La Tramacúa’ a cambio de dinero. 

Por él conocieron que los uniformados llegaron a comprar dos drones de $8.000.000 a $35.000.000, respectivamente, para mejorar el ingreso de objetos prohibidos al interior de la Penitenciaria de Máxima y Mediana Seguridad de Valledupar. 

“Con el nuevo elemento comenzaron a ingresar comidas rápidas por las que cobraban una tarifa; por ejemplo, para entrar una hamburguesa cobraban $250.000 y por una caja de arroz chino de $400.000 a $500.000, por un litro de licor $1.000.000, por una libra de marihuana $1.500.000 y por un paquete de sim card $2.000.000”, explicó el fiscal en la imputación. 

LA DEFENSA

Los abogados defensores Rodrigo Pinto Vásquez y Juan Ernesto Rincón, por su parte, interpusieron el recurso de apelación para que un juez de segunda instancia valore nuevamente la medida de aseguramiento intramural, ya sea para confirmar o revocarla.  

“Es una decisión que afecta la defensa técnica de cada uno de mis representados, en el entendido de que nos correspondería para conversar con ellos de manera privada, como lo permite el código, dirigirnos hasta Bogotá.  Es entendible que la decisión tomada por el despacho se obedece al respeto de los derechos de aquellos que son interrogados y que se encuentran en la cárcel de mediana seguridad de Valledupar, pero es desafortunada porque su familia radica en Valledupar”, dijo Pinto. 

Señaló que confía, más adelante, poder solicitar la revocatoria de la medida de aseguramiento con los elementos que recogerán con el investigador de la defensa. 

LAS CAPTURAS

Los dragoneantes fueron detenidos, el pasado 30 de noviembre, en varios operativos realizados en Valledupar y Caquetá. Durante las diligencias incautaron 10 celulares, tres simcard, una memoria USB, tres libretas de anotación, una agenda, una pistola traumática, dos proveedores, tres botellas de whiskey, tres botellas de suero con licor y una memoria micro SD.