Un informe denominado ‘Impunidades del despojo’, que recoge la experiencia de litigio en procesos de restitución de tierras, fue presentado a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, por la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ. 

El documento se concentra en siete casos de despojo a comunidades campesinas en tres regiones del país: Las Franciscas, Diana María y Chimborazo, ubicadas en el departamento Magdalena; La Guatinaja y La Marimonda, en el departamento Antioquia, Urabá; y la hacienda Bellacruz y Villa Margarita, en el departamento Cesar. 

“Uno de los propósitos centrales de este informe es señalar la impunidad o la ausencia de justicia frente a la participación de terceros civiles, empresarios del sector bananero y palmero, en hechos graves y representativos que provocaron el desplazamiento forzado y despojo de tierras de 1.552 campesinos y campesinas”, indicó la CCJ.

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La información podría ser utilizada por la JEP para contextualizar las investigaciones que  asuma sobre el fenómeno con el fin de que terceros del sector económico se postulen para esclarecer la violencia que marcó el despojo de tierra en las regiones. 

Además se describen las prácticas sistemáticas de criminalidad y victimización que dan cuenta de la manera violenta y arbitraria en que fueron despojadas las tierras a las comunidades campesinas.  Según el análisis, las familias afectadas por el despojo de tierras reflejaron un patrón de violencia por parte de los grupos armados del país. 

“En estas regiones la pérdida violenta y generalizada de tierras del campesinado surge en medio de un contexto de conflicto agrario y armado, que ha generado graves violaciones a los derechos humanos con daños y afectaciones en perspectiva individual y colectiva”, puntualizó la CCJ. 

Al respecto, la JEP comunicó que tendría en cuenta la información para restarle el rotulo de impunidad a los distintos casos. “Escuchar estos testimonios nos recuerda que la lucha de este país es por tierra, territorio y recursos naturales históricamente (…) Necesitamos esto integralmente para desenmascarar los escenarios de impunidad”, dijo la magistrada Nadiezhda Henríquez.

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EL CESAR 

La Comisión Colombiana de Juristas dentro del análisis al departamento del Cesar consideró que existía una relación entre la concentración de la tierra por parte de poderes políticos y económicos con el destierro a las comunidades campesinas. Al parecer, incentivadas por los proyectos extractivos o agroindustriales de la región.  

“Este análisis también muestra que han existido no solo alianzas entre empresarios y grupos armados al margen de la ley, sino que en ocasiones la misma formación de esos grupos ha sido impulsada por sectores económicos que buscan proteger la adquisición ilegal de tierras baldías que deberían haber sido adjudicadas a campesinos”, reza el informe.