Hacer un análisis del enriquecimiento ilícito en Colombia es tarea bien difícil, y mucho más trabajoso plasmarlo en el espacio de una columna de opinión; sin embargo, procuraré ser lo más conciso y explícito posible y, seguramente, los lectores sabrán interpretarlo. 

Es importante aclarar que el enriquecimiento ilícito no es equivalente a enriquecimiento ilegítimo; en consecuencia, esta columna solo se refiere al enriquecimiento ilícito, que es un concepto jurídico concerniente a una práctica que va en contra del derecho objetivo en su totalidad y que conlleva una sanción legal para el infractor, lo cual puede incluir la comisión de delitos penales tipificados  en el ordenamiento jurídico, y sancionados  con medidas como multas, restitución de lo adquirido indebidamente, inhabilidades y prisión, entre otros castigos. En conclusión, el enriquecimiento ilícito significa la obtención de beneficios económicos o patrimoniales, violatorios de la legislación vigente, con la cual también se sanciona la complicidad y beneficios a terceros.

Si bien es cierto que, en Colombia, el enriquecimiento ilícito es un delito castigable, se podría decir que es uno de los delitos más comunes y menos sancionados, no solo por las autoridades, sino por toda la sociedad, ya que la sanción social es casi inexistente. 

En Colombia para la población más pobre, la corrupción es sinónimo de sobrevivencia. Y en la mayoría de la población más rica, la corrupción es el medio para acumular mayor riqueza. La política es la mejor plataforma para adquirir fortuna y poder. Las autoridades, en las que están incluidos magistrados, fiscales, procuradores, jueces, policías y los demás miembros de la fuerza pública son lacayos de los políticos, contrabandistas, ‘reducidores’, narcotraficantes, y estos últimos son una amalgama compuesta por bandidos de todas las calañas, entre los cuales sobresalen los grupos guerrilleros. 

Sé que en nuestro país hay gente decente, porque nada es absoluto. Para mí, la principal causa que tiene a Colombia en tan terrible situación es la guerra fratricida que lleva más de 70 años, que cada día es más difícil de erradicar, porque Colombia está atrapada por los narcotraficantes, gente sin escrúpulos y quienes los secundan (o sus testaferros) son o se convierten en criminales. 

Una de las peores crueldades entre las muchas derivadas por lo antedicho, es el enriquecimiento por el despojo masivo de las tierras de los campesinos, muchos de ellos masacrados, desaparecidos y desplazados (Colombia es uno de los países del mundo que ha tenido más desplazados forzados por la violencia) a los tugurios de las grandes ciudades, sobreviviendo del trabajo informal, en el cual, reina el pillaje y todo tipo de crimen. La restitución de las tierras despojadas ha estado plagada de frustraciones, porque han sido vendidas a terceros quienes alegan que las compraron con sanas intenciones. Váyase a saber las tercerizaciones realizadas para apropiarse de tierras despojadas a campesinos que hoy sufren indigencia. Ni para qué hablar de lavados de activos si esto es lo más fácil de hacer. Por esto último la mayoría de los colombianos se oponen al cambio. ¿Hasta dónde llegará el presidente Gustavo Petro?                                

José Romero Churio