El mes antepasado por este medio publiqué una columna que titulé: Aporofobia: término acuñado por Adela Cortina, y que significa fobia a los pobres, refiriéndome a que la primera migración de los hermanos venezolanos, fue de buen recibo, pues se trataba de empresarios que huían del régimen de Hugo Chávez, con deseos de invertir su capital en nuestro país, pero la segunda migración ocurrida bajo la dictadura de Nicolás Maduro es masiva, y de gente pobre, en busca de trabajo para enviar a sus familias, de allí que la situación para los nuestros, de suyo difícil en materia de empleo, se complicó aún más.

En ese artículo expresé textualmente lo siguiente: “Los colombianos residenciados en Venezuela fueron cedulados como naturales de ese país, sin mayor problema, durante el Gobierno chavista, pero hoy en día, los veinte mil niños nacidos en territorio colombiano de padres venezolanos se les expide en certificado “No es válido para demostrar nacionalidad”.

La labor de quienes tenemos la oportunidad de informar es precisamente la de dar a conocer hechos evidentes como éste, donde se pone en evidencia, situaciones contradictorias, pues de una parte el Gobierno colombiano expresa que los venezolanos son bienvenidos a nuestra patria, pero por la otra se le niega la nacionalidad a más de veinte mil niños, nacidos en nuestro país, de padres venezolanos, en un claro caso de apatridia que fue denunciado por el suscrito en su oportunidad, y que la Corte Constitucional en sentencia T-241 de 2018 define: “como la condición del ciudadano que no es considerado nacional del país donde nació, ni de ningún otro Estado…”

Los hechos denunciados por este medio tuvieron eco en la Casa de Nariño, quien oportunamente expide el acto administrativo en virtud del cual concede la nacionalidad colombiana, a todos los niños de padres venezolanos que nacieron en nuestro territorio, a partir del 18 de agosto de 2015, decisión que tiene una vigencia de dos años, y que debo reconocer como un acto de gallardía, pues si la situación de apatridia se hubiera prolongado por más tiempo, se estaría incurso en una flagrante violación a los derechos humanos, de una población por lo demás vulnerable.

Nota de cierre: Es verdaderamente lamentable la situación en la que se encuentra el profesor Luis Enrique Dagobet Núñez, pensionado por el magisterio y actual presidente de la ANEP, quien después de dedicar toda su vida a la formación de juventudes, ahora esta postrado en cama por una hernia discal lumbar, y le fue formulado un medicamento por la UT RED INTEGRADA FOSCAL CUB de Bucaramanga a través de la Fundación Médico Preventiva, pero hasta la presente no le ha sido entregado.

Hago desde esta tribuna un respetuoso y comedido llamado a la Personería Municipal en cabeza del distinguido amigo Alfonso Campo Martínez, para que tome las medidas del caso, pues esto de las EPS es sistemático, pero tengo la certeza que su intervención dará buenos frutos.