En un encuentro desarrollado en el Hotel Sicarare los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, escucharon a los representantes de las víctimas de la violencia de los departamentos del Cesar, La Guajira y Bolívar.  

En la audiencia de observaciones, la JEP buscó tener en cuenta las voces de los afectados para dar paso a la priorización de los nuevos casos que abrirá. 

La jornada contó con dos salas, la primera para el público en general y la segunda para los pueblos afrocolombianos y étnicos como la comunidad arhuaca, wiwa, kankuama, kogui, wayúu, yukpa y ette ennaka.  

“Hoy 80 familias esperan de estos magistrados, del buen corazón de ustedes, que se sepa la verdad de terceros, que se sepa la realidad de lo que sucedió en ese territorio”, manifestó Miguel Antonio Ricardo Serna, representante del corregimiento El Toco, un territorio del municipio de San Diego que fue golpeado por los paramilitares. 

Otros le pidieron a la jurisdicción dar mayores garantías a las personas que decididamente colaboran con la verdad de lo que sucedió en el territorio nacional en el auge de la violencia. 

“Necesitamos garantías para las personas declarantes. Le pido encarecidamente a la JEP que tenga en cuenta a las personas que han hecho denuncias. Nosotros estamos denunciando tanto agentes de las Farc como agentes del Estado”, precisó el líder Jorge Gómez Martínez. 

El magistrado Oscar Parra, por su parte, explicó que la segunda ronda de priorización de casos está basada en actores, repertorios, estructuras y patrones de macrocriminalidad.