La proyección para explotar hidrocarburos, como el gas, es el propósito de la compañía Drummond, a partir del segundo semestre de este 2018. Así lo confirmó el presidente de la multinacional en el marco del Congreso Nacional de Minería, realizado en Cartagena.
Este proyecto se denomina ‘Cuenca Ranchería – Cesar’ y tiene como eje de exploraciones áreas que van desde municipios como Albania, en La Guajira, Chiriguaná y Bosconia, en el departamento del Cesar.

Son seis puntos, explicó José Miguel Linares en diálogo con EL PILÓN, aclarando además que la técnica del fracking no será utilizada para beneficiarse de los recursos naturales, los cuales finalmente serán otros de los negocios como el carbón al que le apuntarán en Colombia.

En la actualidad, Drummond a través del Ministerio del Interior, está en el proceso de consultas previas con comunidades del municipio de La Paz y al sur de Valledupar, especialmente en los corregimientos de Guaymaral, El Perro y Los Venados.

“Se ha hecho lo que se llama una consulta previa, que la hace el Ministerio del Interior, nosotros solo acompañamos con la información técnica, en aras de los proyectos de exploración que se harán más adelante; todavía no se ha iniciado ninguna actividad, una vez se cumpla con el proceso de consulta previa se solicita la licencia para poder iniciar la exploración como tal. Actividad de exploración y extractiva todavía no hay en esa región”, explicó Linares.

La explotación de gas tiene como objetivo el centro, oriente y sur del Cesar, así como el norte y sur de La Guajira.

“El tema inicial nuestro es para la generación de energía. Nosotros tenemos una planta de generación en la mina y actualmente estamos comprando el gas, una vez empecemos la producción de gas esta servirá para suplir los requerimientos de nuestra planta, que pueden ser alrededor de 11 y 13 millones de pies cúbicos diarios”, recalcó el presidente de Drummond.

Se refirió a las críticas y señalamientos de fracking, especialmente por líderes ambientales de Valledupar, quienes junto a habitantes de Los Venados, Guaymaral, Aguas Blancas, tienen la expectativa por la llegada del proyecto de hidrocarburos que en sus territorios se pretenden poner en marcha. Por ahora el proceso se mantiene en la etapa de análisis e identificación de impactos y formulación de medidas de manejo con los Consejos Comunitarios, como fin de llegar a la aprobación del proyecto 01394, denominado perforación exploratoria en el área de interés del bloque CR-4 APE 6-7.

“Deben tener una absoluta tranquilidad y analizarlo en forma juiciosa, ponderada y con debida información técnica; creo que se ha creado mucha especulación alrededor del tema y no se hará ninguna actividad que no sea estudiada, cuidada, analizada y con todos los permisos que el caso requiere para evitar cualquier posible efecto o daño”, advirtió Linares, señalando además que “esperamos entrar en producción en el segundo semestre de este año. Todo dependerá de cómo avance el licenciamiento ambiental para esos pozos. Inicialmente vamos a tener 15 pozos y luego iremos aumentando”.

También se refirió al proceso de consultas previas, un derecho fundamental de los pueblos indígenas y tribales del mundo, reconocido por las Naciones Unidas mediante el Convenio OIT 1691 de 1989 e incorporado en la legislación nacional por la Ley 21 de 1991 que aplica a los grupos étnicos.

“Las consultas populares son importantes, pero lo más importante es que haya una clarísima reglamentación. Esto requerirá una ley, algo que defina cuál es el alcance de las consultas populares y hasta dónde llegan”.

En caso de llegarse a un acuerdo satisfactorio con las comunidades protegidas en el Cesar y La Guajira por las leyes colombianas, se pondrá en marcha la ejecución de los diseños para un plan de perforación de pozos para confirmar si lo que dice la información sísmica es cierta o no.

Regulación de las leyes

La regulación de una política pública para la minería es una de las conclusiones del Congreso Nacional de Minería, una política que especifique los lineamientos, territorios y capacidades de las comunidades para influir en la ejecución de los proyectos, fue uno de los mensajes enviados por José Miguel Linares, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Minería, ACM, en la cuarta edición del Congreso Nacional de Minería, escenario que sirvió para analizar de manera objetiva e integral la situación actual de esta actividad en Colombia.

“Este es un año con importantes retos para la minería (aunque creo que todos los años decimos esta misma frase). Es un año electoral en Colombia, en el que las industrias extractivas son vistas en forma diametralmente opuesta por algunos candidatos presidenciales; con recientes decisiones de las altas cortes que generan dudas sobre la seguridad jurídica para las inversiones mineras; con un proceso de post-acuerdo con las Farc que está presentando retos importantes, mientras que otros grupos al margen de la ley siguen cometiendo atentados en varios lugares de la geografía nacional. Todo esto nos permite afirmar que se requiere de importantes decisiones de Estado para que la minería siga siendo un factor decisivo en el desarrollo económico y social de nuestro país”, dijo Linares.

Ratificó el discurso de que “el sector minero debe ser abordado en forma integral: el marco jurídico, el tema fiscal, el ambiental, el político, el social y el económico. Esta integralidad nos debe permitir analizar en forma objetiva y con el debido soporte técnico y regulatorio la realidad de la industria”.

En Colombia, según fuentes oficiales, en los últimos 10 años las industrias de hidrocarburos, energía y minería, han representado en promedio un 9 % del Producto Interno Bruto, y el 63 % de las exportaciones del país han provenido de estos sectores.
“El Estado no puede renunciar a desarrollar una industria extractiva responsable, en un país que tiene pobreza monetaria del 27,8 %, que tiene una tasa de desempleo del 9 % y una de subempleo subjetivo del 29,3 %, y sobre todo no puede desechar una actividad que genera cerca de 350.000 empleos directos y 900.000 indirectos”, afirmó Linares.

La Agencia Nacional de Minería reveló que existen en el país cerca de 312 tipos de minerales en el territorio nacional. De los títulos mineros el 40 % corresponde a materiales de construcción, 22 % oro y metales preciosos, 18 % a otros minerales, 16 % carbón y 4 % esmeraldas.
“Las entidades territoriales también reciben importantes beneficios de la minería. Podemos tomar como ejemplo los casos del Cesar y La Guajira, en donde la minería contribuye de manera importante a los planes de desarrollo y mejoramiento social, al representar el 46 % y 55 % del PIB, respectivamente”, acotó.

Tecnología para frenar ilegalidad

Uno de los frentes a neutralizar es la minería ilegal, especialmente de materiales para la construcción en el Cesar, anunció la directora de la Agencia Nacional de Minería, Silvana Habit Daza.

La exploración de caliza está liderada por empresas dedicadas a la fabricación de cemento y sus derivados, las cuales produjeron 12.5 millones de toneladas de cemento gris en 2016, que representa cerca del 98 % de la caliza producida en Colombia. El 2 % restante se utiliza como fundente en la industria siderúrgica, fabricación de cal y como roca ornamental en la industria de la construcción.

En 2016, por ejemplo, con el auge de la creación y los proyectos de infraestructura que viene desarrollando el gobierno nacional y departamental, se generaron grandes demandas de caliza como fue una producción de 100.283 toneladas, del total de 12.719.184 explotadas en todo el país. La Guajira aportó 45.145 toneladas.

Ahora, según Habit Daza, la tecnología será una de las aliadas para controlar la explotación de materiales de arrastre y de construcción, considerados como ilegales o informales en el Cesar.

La instalación de chips en equipos entregará imágenes satelitales a la Agencia. “Estamos liderando una campaña de que la legalidad llegue a los materiales de construcción porque se explotan canteras sin títulos y licencia ambiental, y así tengan, algunos no cumplen con la legalidad, es decir, que no producen el material que está permitido, no pagan las regalías o no realizan la actividad como debe ser”, señaló Habit Daza.

Agregó además que no solo en Cesar sino en el país se tendrá a la minería vigilada con visitas y tecnología. “Le estamos dando duro a la ilegalidad. También tenemos el Registro Único de Comercializadores, donde tendremos el listado de quienes pueden explotar y quieren pueden comercializar y así es más fácil controlar con las autoridades policiales”, aseguró.
Actualmente en el Cesar hay más de 330 títulos mineros, para explotación de minerales e hidrocarburos.

Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN
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