De los 1.102 municipios que tiene Colombia, 260 de ellos, representados en un 23%, están en riesgo de que se produzcan fraudes y hechos de violencia el 9 de marzo, lo que significaría un 30% más que en las elecciones de 2010. Así lo dio a conocer la MOE en el informe ‘Mapas y factores de riesgo en las elecciones nacionales 2014’.

Las localidades con mayor riesgo están concentradas especialmente en los departamentos de Caquetá, Guaviare, el sur de Meta y Amazonas, así como  en el litoral pacífico y occidental de los departamentos de Cauca y Nariño; en Urabá, en el norte y bajo Cauca antioqueño; el litoral pacífico de Chocó; zonas periféricas de la Costa Caribe, compuesto por gran parte de los municipios de Sucre y varios territorios de Córdoba, Magdalena, Bolívar y Atlántico,

La directora de la MOE, Alejandra Barrios explicó que los candidatos “prefieren las alianzas con aquellos que tienen intereses económicos legales o ilegales, con gran capacidad de financiar las campañas políticas” y vinculados a la minería o los grandes proyectos agroindustriales, explicando que las regiones donde más aumenta el riesgo de fraude electoral, como en el Chocó o los departamentos suroccidentales, albergan actividades económicas relacionadas con “los recursos naturales y todas las actividades extractivas de oro, petróleo y diferentes productos de carácter minero”.

El informe también recoge un apartado elaborado por la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, que indica que 25 municipios del país tienen riesgo por violaciones a la actividad periodística en el periodo electoral. Los que sufren un riesgo extremo son: Riohacha, La Guajira; Tibú, Norte de Santander; Caucasia y Puerto Berrío, Antioquia; Tuluá, Valle del Cauca y Los Palmitos, Sucre.

Corrupción, principal amenaza

La investigación de la MOE advierte que la influencia de ilegales ha dejado de ser el principal factor de riesgo para las elecciones. En cambio, las maniobras fraudulentas por parte de actores políticos legales son la principal amenaza en las elecciones, al punto de que el 37 % de los municipios del país está en riesgo por posible fraude electoral.

“Los armados y los ilegales no son los principales generadores de riesgo. De hecho, son los políticos los que en el territorio están generando la mayor cantidad de riesgos electorales. La capacidad de intimidación, coerción e influencia electoral por parte de actores ilegales en el territorio se ha venido reduciendo, mientras que el riesgo por fraude electoral asociado a los políticos ha venido aumentando”, aseguró la MOE al revelar los resultados de su estudio para el próximo debate electoral.