Semáforo en verde en la reactivación de las obras del tercer tramo de la Ruta el Sol con la radicación del otrosí ante la Superintendencia de Sociedades, hecho que se da luego de seis meses que el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, firmaran este documento.

Se espera, según el diario La República, que transcurridos aproximadamente 10 días hábiles dicha propuesta sea aceptada por la mencionada entidad y, de ese modo, se puedan reiniciar inmediatamente las intervenciones que llevan más de dos años paralizadas. Lo anterior significaría que se retomarían frentes de obra a lo largo de 330 kilómetros y se harían 70 kilómetros de vía, dado que según los registros oficiales, el avance logrado hasta 2017 era de apenas 30,9 %.

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Frente a este suceso, el representante del grupo de acreedores, Carlos Mariano Rodríguez subrayó: “Llevamos esperando dos años el pago y muchas de las empresas han llegado incluso a la quiebra. Esperamos que se le dé celeridad al proceso en la Superintendencia”.

Por su parte, el congresista cesarense Cristian José Moreno Villamizar aseguró que en este proyecto de infraestructura vial (que incluye 465 kilómetros de los corredores San Roque-Bosconia-Ciénaga y Valledupar-Bosconia-Carmen de Bolívar): “Existe una preocupación fuerte de los proveedores a quienes les adeudan más de 120 mil millones de pesos. En el sector tres se está en ‘un limbo’ desde el mes de abril de este año que se anunció la reactivación y la firma del otrosí y no ha sido posible. El clamor es que la ANI y el Gobierno nacional tomen una decisión de fondo frente a este problema. Quisiéramos que se garantice ese acuerdo que entendemos que para el Estado colombiano no es perjudicial porque no estaría poniendo mayores recursos, sino que sería por parte de los privados y definirían unas condiciones si el Estado no renuncia a unos tribunales de arbitramiento y a unas sanciones relacionadas a multas y caducidades”.

Con respecto a la Ruta del Sol, sector dos (que comprende 528 kilómetros entre Puerto Salgar, Cundinamarca, y San Roque, Cesar) rememoró que por los problemas que se presentaron con Obedrecht terminó en una liquidación unilateral del contrato y hoy gran parte de esos tramos se encuentran en graves problemas porque incluso el mantenimiento no se está haciendo adecuadamente y se están afectando estos tramos, perdiéndose así una inversión importante que se hizo.

Moreno Villamizar subrayó: “Lo que queremos es que se reactiven las obras, se les dé continuidad a una obra importante para el país y la competitividad del departamento y se solucione un problema a los proveedores, que están en una quiebra generalizada, quienes han visto afectados sus condiciones económicas. Vamos a seguir haciendo controles políticos para que se firme lo antes posible ese otrosí o se le diga al país qué va a pasar con ese proyecto vial, cuáles serán las salidas para pagarle y evitarle una crisis económica a los proveedores del Cesar y del Magdalena”.

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“Lo que hemos podido inferir es que han existido unas preocupaciones por parte de la ANI en torno a algunos aspectos jurídicos y de cumplimiento financiero de parte del concesionario así como la revisión que en medio de esto no terminen existiendo problemas de corrupción que afecten el problema como tal. Entendemos que lo que plantea el otrosí no implica un solo peso más al Estado colombiano, sino que los recursos por alrededor de 400 mil millones de pesos los terminaría poniendo el sector privado que necesita la firma del otrosí que le dé seguridad jurídica a la concesión para hacer las inversiones correspondientes y reactivar la construcción de la vía”, indicó.

¿QUÉ SEGUIRÍA?

Una vez se le dé el visto bueno al otrosí, la firma italiana Salini Impregilo, que asumió el control del proyecto tendrá que cancelar lo que le deben a los contratistas que adelantaron obras hasta 2017. Yuma S.A., la concesionaria original, de la que hace parte Salini Impregilo como uno de los socios principales, será la encargada de terminar la carretera.

Esto, como parte de un acuerdo que adelantaron la ANI y el Ministerio de Transporte con los empresarios, dado que según ha manifestado el vicepresidente de la mencionada agencia Carlos García, el país no cuenta con la capacidad financiera para adelantar estos trabajos por su propia cuenta, en caso de que el contrato finalmente fuera caducado.

Según García, en el caso de que este acuerdo no se lleve a cabo, la concesionaria debería pagar una multa de aproximadamente $80.000 millones, mientras que terminar la carretera cuesta alrededor de $2,3 billones, costo que debería ser asumido por el Estado.

POR: ANNELISE BARRIGA RAMIREZ / EL PILÓN
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