Por: Deivis Caro / EL PILÓN
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En la marcha que inició pasadas las 4:00 de la tarde de ayer, la familia Ustáriz pidió a las autoridades no conceder el beneficio de la rebaja del 50% de pena a los tres capturados que se declararon culpables de la muerte del ganadero Juan Felipez Ustariz.

“Se ha logrado muchísimo: lo más importante es que el monstruo de Camperucho y sus secuaces están tras las rejas. Lo que hace falta es que las autoridades realicen las investigaciones y que también investiguen los casos de las otras personas presuntamente asesinadas por estas personas. Ellos también tienen familias pidiendo justicia”, explicó Luis Ustáriz, hermano de la víctima asesinada el pasado 20 de enero en zona rural de Valledupar.

Quienes participaron de la marcha pidieron que la condena para los homicidas sea de 60 años, quienes por declararse culpables recibirían una rebaja de hasta la mitad de la pena. “Los jueces cuando tengan que valorar si le van a dar a estos señores un descuento deben pensar en todo el daño que han hecho. No se lo merecen. Los señores tienen que pagar los 60 años de cárcel”, agregó Luis Ustáriz.

La marcha terminó en la iglesia La Natividad donde se realizó una misa “en agradecimiento a Dios por el trabajo de la justicia y oración por la paz del departamento y la ciudad”, explicaron los presentes.

LAS HISTORIAS DE TERROR EN LA FINCA FILADELFIA

Un vasto terreno llamado San Joaquín de la finca ‘Filadelfia’ perteneciente a la vereda Camperucho, se convirtió por estos años en el escenario por el que habrían pasado tres historias de vida con un mismo final.

Ubicada en las inmediaciones del camino que de Valledupar conduce al corregimiento de Caracolí, se hizo conocer por el asesinato de uno de los propietarios, el ganadero Juan Felipe ‘Puro’ Ustáriz González y dos exempleados, César Armando Mejía Crespo y Luis Alfonso Barrios Pertúz. Ambos asesinados en hechos aislados luego de trabajar en el predio.

Hasta el momento los asesinatos de los trabajadores estaban en el olvido. El primer caso quedó registrado el 23 de diciembre del año 2017, cuando Barrios Pertúz fue encontrado por las autoridades con las manos maniatadas y degollado.

Este crimen registrado por los medios de comunicación, según los parientes de Barrios Pertúz, continúa en la impunidad, por lo que ven como principales sospechosos a dos de los confesos homicidas de Juan Felipe ‘Puro’ Ustáriz, como el entonces capataz de la finca, Jackson Cano Surmay y el conductor de la familia Ustáriz, Oscar Pupo Martínez.

El otro caso se registró el año pasado. El 1 de octubre de 2018 las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de César Armando Mejía Crespo, el cual presentaba heridas por arma de fuego. Según los parientes, Mejía salió ese día en la mañana desde su casa ubicada en un sector conocido como ‘Sabanitas’ para cobrar una liquidación pero no regresó más.

Con los indicios y las pruebas que señalarían que son los mismos responsables del asesinato del ganadero Ustáriz, la familia espera que la condena no sea rebajada. Incluso, la Fiscalía le endilgó la muerte de Mejía Crespo a uno de los implicados en el caso del ‘Puro’.

Se trata de Jackson Cano Surmay, a quien la Fiscalía 9 seccional presentó como responsable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas, de los cuales se declaró inocente la mañana del 23 de marzo, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Codazzi, en el Palacio de Justicia de Valledupar.

“Los jueces de manera respetuosa tienen que observar todo lo que hay detrás de esto. Hay actos de terrorismo, también hay una sevicia; hay temas de secuestro porque ellos secuestraron el cuerpo de mi hermano, y se ha revelado la sospecha que el cuerpo de mi hermano se encuentra vinculado con el homicidio de otras dos personas que trabajaban en la finca”, agregó un familiar del ganadero.

¿ACUSADOS DE VIOLACIÓN?

Según personas cercanas al caso, aparentemente hay un caso de violación a un menor de 10 años al parecer abusado por uno de los señalados. Así, aseguran que ya se localizó a familiares de la víctima y al menor de edad y están a la espera que se acerquen a la Fiscalía más cercana para presentar la denuncia.

“Ellos se allanaron a los cargos pero ese es un allanamiento hipócrita. El fiscal tenía todas las pruebas suficientes para que cualquier juez lo condenara”, aseveró un familiar de la víctima durante la marcha.