La exalcaldesa de Chiriguaná, Zunilda Tolosa Pérez, fue dejada en libertad por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Valledupar con Funciones de Control de Garantías en la mañana de ayer, en el marco del proceso que se adelanta en su contra por presuntamente realizar actos de corrupción cuando fungió como mandataria entre enero de 2016 y agosto de 2018, fecha en la que fue destituida por la Procuraduría por irregularidades en la elección del personero municipal.

En la vista pública realizada en el Palacio de Justicia de Valledupar, el juez consideró que la exfuncionaria junto con la representante legal de la Fundación Camino Verde, María Concepción Canales Felizzola, no representan un peligro para la sociedad ni obstrucción al debido proceso para que sean privadas de la libertad como mecanismo de medidas preventivas; mientras que al exsecretario de Salud, Eleuterio Rincón Tortello, si lo cobijó con medida de aseguramiento domiciliaria.

La decisión del despacho se dio pese a que la Fiscalía 12 seccional solicitó que la medida correcta para todos mientras avanza la investigación era la privativa en sus lugares de residencia, teniendo a que aparentemente la exfuncionaria incurrió en irregularidades junto con las demás personas en un contrato de alimentación para los adultos mayores de Chiriguaná, celebrado en el año 2016.

Lea aquí también: Implicados en asonada de Chiriguaná quieren ser juzgados por la JEP

Según la investigación, la exmandataria realizó el contrato de manera directa y no como los establece la ley de contratación, mediante licitaciones públicas. Además que en este caso se presentaron presuntos sobrecostos en los alimentos entregados que generó un detrimento patrimonial de más de 300 millones de pesos.

“El estudio juicioso que se hizo en establecimientos de cadenas reconocidas sobre el valor que la administración le atribuyó a cada paquete alimenticio de $ 150.100, la Fiscalía pudo establecer en estos centros que no se ajustaron a la realidad (…), pudimos identificar las características de unas bolsas que se identificaron en la fundación para transportar los paquetes nutricionales y se trataba de unas bolsas plásticas de 18 x 30 pulgada con capacidad de 20 kilogramos, que la contratista le asignó a cada bolsita un valor de $5.000 arrojando en total un valor de $ 42.500.000, de tal suerte que se hizo cotización de que el valor de esas bolsas plásticas con esas mismas características era de 316 pesos más el IVA, por tanto se marca allí una gran diferencia de precios en el valor del presupuesto”, expresó el fiscal que le imputó los delitos de celebración de contratos sin cumplimientos de requisitos legales y peculado por apropiación agravado a Zunilda Pérez, los cuales ella no aceptó.

Mientras que a los demás les atribuyó los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento público, quienes tampoco aceptaron cargos.

“Se constituye una falsedad en el documento porque la información no se ajusta a la realidad. En él se hicieron modificaciones de los productos donde se excluye el pollo, también se incorporó información que no se ajusta a la realidad cuando el estudio previo decía que el valor de una panela valía $1.100 pesos y en la modificación sin una justificación costaba $2.200 y así sucesivamente no había una explicación de porqué las modificaciones en los precios”, agregó el representante del ente acusador.

Entre tanto, el abogado de la exalcaldesa, Benjamín Jaime Quintero, manifestó que el alza de los precios para la época se debió a un paro camionero y solicitó que a su protegida no se le impusiera medida de aseguramiento carcelaria teniendo en cuenta que no evadirá a la justicia ni representa un peligro para la sociedad.

“Tenemos todos los soportes documentales que conducen que no hay ningún delito de los que se han imputado”, dijo el abogado Quintero, quien agregó en audiencia que “el cumplimiento de ese contrato no necesitaba de licitación pública”.